La posible disposición irregular de lodos y residuos en un cauce conectado con el río Santiago, en El Salto, Jalisco, llevó a autoridades federales a realizar acciones de inspección e investigación para determinar si existieron afectaciones a los recursos naturales y quiénes serían responsables de los hechos.
El caso pone nuevamente en el centro la necesidad de contar con herramientas jurídicas que permitan actuar con mayor contundencia frente a quienes deterioren los ecosistemas. En este sentido, el Partido Verde destacó la reforma aprobada en noviembre de 2024 por la Cámara de Diputados, que busca clasificar como graves diversos delitos ambientales, incrementar las sanciones y fortalecer la reparación de los daños ocasionados. La reforma continúa su proceso legislativo.
La investigación en Jalisco está a cargo de la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, luego de que se difundieran imágenes en las que presuntamente se observa una unidad de desazolve depositando residuos en el cauce. Conagua y Profepa presentaron denuncias, mientras que la FGR inició una investigación de oficio.
De acuerdo con información de Profepa, el canal señalado conduce escurrimientos hacia afluentes directos del río Santiago, por lo que se realizan inspecciones para determinar el impacto que pudieron generar los residuos. Actualmente, el Código Penal Federal contempla sanciones para quienes descarguen ilícitamente aguas residuales, desechos o contaminantes en cuerpos de agua de competencia federal cuando exista riesgo de daño o se produzcan afectaciones ambientales.
La reforma impulsada por el Partido Verde plantea elevar la respuesta penal ante determinadas conductas cometidas de manera dolosa, con penas que podrían alcanzar hasta diez años de prisión en algunos supuestos, además de multas y medidas para reparar o restaurar los ecosistemas afectados. El instituto político señaló que fortalecer la persecución de estas conductas permitiría complementar las acciones de inspección y prevención con mayores mecanismos para responsabilizar a quienes ocasionen daños ambientales.