De acuerdo con la más reciente investigación publicada por el medio estadounidense “Los Angeles Times”, el Gobierno de los Estados Unidos le habría retirado sus visas a los gobernadores morenistas de Sonora, Alfonso Durazo, y al de Tamaulipas, Americo Villarreal; debido a que están siendo investigados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Ante la publicación y la viralización de este caso, la directora de Comunicación del Gobierno de Sonora, Paloma Teran; salió a desmentir estas declaraciones, acusandolas de “completamente falsas” y rechazando los hechos mencionando que “El Gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos”.
Por su parte, el homologo de Tamaulipas, Gerardo Algarin; tambien nego de manera “categorica y contundente” la informacion publicada, senalando que “no hay documentos, expedientes, resoluciones, ni evidencia verificable que acredite lo publicado”.
Mientras que ambos gobernadores, que cabe destacar se encuentran activos y en funciones, no se han pronunciado al respecto.
Sin embargo, fuentes con conocimiento del caso mencionan que a pesar de que ambos no tengan visa, logran viajar a los Estados Unidos de manera regular, por que se encuentran bajo un programa especial estadounidense que se emplea en individuos que cooperan con la seguridad pública, conocido como “Significant Public Benefit Parole” que les permite que entrar al país a pesar de no ser ciudadanos, con el fin de testificar ante un gran jurado para así mitigar las consecuencias de cargos actuales o pendientes en contra de ellos mismos o de alguien más.
Estos dos nuevos casos de Gobernadores de Morena acusados de nexos con el crimen organizado por parte de los Estados Unidos, resultan en un golpe más al Gobierno y al partido oficialista quienes se han visto sumidos en senalamientos de este tipo desde finales de abril, en donde se señaló por primera vez al Gobernador de Sinaloa que actualmente tiene licencia Rubén Rocha Moya.
Ante esta complicada situación, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum; ha mencionado que los gobernadores “tienen que aclarar” la información, pero de igual manera se mostró molesta ante estas filtraciones; diversas fuentes periodísticas mencionan que, cuando el secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Markwayne Mullin se reunión con la mandataria mexicana en mayo, este le habría mencionado a la presidenta, que el Gobierno de Trump esperaba que México entregará a Rocha Moya a los Estados Unidos.
Supuestamente, Sheinbaum habría respondido que el destino del Gobernador de Sinaloa se decidirá en México y que además le advirtió a Mullin que “acusaciones estadunidenses adicionales contra líderes electos serían considerados interferencia política en los asuntos de México”.
Nos encontramos actualmente en un momento crucial en la relación bilateral entre Estados Unidos y México, pues recordemos que actualmente se está renegociando y reconfigurando el T-MEC que es de vital importancia para nuestra estabilidad económica; pero bajo los constantes ataques por parte del mandatario estadounidense quien ha implementado una “lucha contra el crimen organizado” pues alega que México es controlado por los Carteles y justificando de esta manera sus intentos de intervención en territorio mexicano; mientras que la Presidenta de México rechaza estas narrativas y trata de defender su Gobierno con un discurso de “Soberanía Nacional”.
En donde ninguno de los mandatarios tiene completamente la razón, pero si tienen algunos puntos válidos en sus discursos y posturas
