Uno de los mayores problemas que viene arrastrando México desde hace décadas son los denominados como “delitos cometidos por servidores públicos” que básicamente y como su nombre lo indica, son actividades ilícitas cometidas o permitidas por funcionarios, servidores o hasta estructuras completas que forman parte del gobierno.
Algunos de los delitos que entran dentro de esta categoría son el cohecho o conocido comúnmente como soborno, el peculado que se refiere al uso ilegal o desvío de recursos, dinero o bienes públicos; el abuso de autoridad y el tráfico de influencia.
Estos delitos son de los que más afectan a la sociedad, por lo que se busca sancionar este tipo de conductas que promueven el mal uso de los recursos públicos, el beneficio personal a través del cargo y trato ilegal a la ciudadanía; con penas que incluyen la prisión, multas, la destitución y hasta la inhabilitación.
En México, los principales delitos cometidos por funcionarios públicos son: el ejercicio ilícito de servicio público, el abuso de autoridad, la conclusión que se refiere a los pagos exigidos por los funcionarios a la sociedad sin que estos sean obligatorios o estén establecidos, el cohecho, el peculado, el enriquecimiento ilícito, el uso ilícito de atribuciones o facultades, la coalición e intimidación en contra de los ciudadanos.
Con el fin de combatir esta problemática, el gobierno ha implementado la llamada “Operación Enjambre” la cual es una estrategia coordinada entre fuerzas federales y fiscalías estatales, con el objetivo de desarticular redes criminales incrustadas en los gobiernos locales.
Dicho operativo prioriza a los municipios con alta actividad económica estratégica, en donde los funcionarios presuntamente utilizan el poder público para extorsionar a empresarios y favorecer a grupos delictivos; uno de los casos más recientes y relevantes que ejemplifican esto es el de la detención del ex-alcalde de Tequila, Jalisco; ahora conocido como Diego “N”.
Según el propio Secretario de Seguridad, Omar Garcia Harfuch; este dispositivo involucra a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, así como también a la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Ahora basándonos en los reportes de Incidencia Delictiva del Fuero Común de este año y del pasado; que son instrumentos para el registro, clasificación y reporte de delitos y las víctimas; que es publicado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; podemos rescatar los siguientes datos.
En 2025, se tuvo un registro de 1,489 delitos cometidos por servidores públicos en el mes de enero, y de 1,437 delitos del mismo tipo en el mes de febrero, sumando así un total de 2,926 delitos de esta índole en el primer bimestre del año pasado; sin olvidar que se terminó el año con un total de 19,463 delitos cometidos por servidores públicos.
Mientras que en este 2026, se han registrado 1,427 delitos por parte de servidores públicos en el mes de enero, y 1,507 delitos de este tipo en el mes de febrero, sumando un total de 2,934 delitos de funcionarios públicos registrados durante este primer bimestre del año.
Faltaría comparar los datos, de los meses de marzo y abril; sin embargo aún no se ha actualizado el registro de este año, así como también sería pertinente realizar una comparación a fin de año para ver en total las cifras y poder sacar conclusiones más extensas.
Sin embargo y hasta ahora podríamos decir que, claramente los casos de delitos cometidos por funcionarios públicos (que hay que destacar, han sido reportados y registrados, debido a que seguramente hay muchos más que no llegan a tener una continuidad o siquiera ser reportados); han incrementado aunque no por mucho.
Y también, una vez que conocemos esto vale la pena cuestionarnos si el incremento realmente es algo bueno o algo malo; por que estarían quienes pueden argumentar que la implementación de operativos como el “Enjambre” mencionado en este mismo artículo, han rendido frutos porque se ha logrado detener o al menos identificar más casos de este tipo de delitos, debilitando crímenes como la corrupción; aunque también se puede presentar el argumento de que las cifras por este tipo de delito deberían realmente disminuir, al identificar y castigar a quienes cometen este tipo de crímenes, que a su vez provocaría que cada vez menos funcionarios cayeran en este tipo de acciones ilícitas.
