Las calles de Buenos Aires colapsaron horas antes del anuncio. Militantes del peronismo cortaban los accesos a la capital y se concentraban frente a la sede del Partido Justicialista. Adentro, acompañada por legisladores y dirigentes de su espacio político, Cristina Fernández de Kirchner escuchaba lo que ya muchos anticipaban: la Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó la condena en su contra por corrupción, y con ello, la inhabilitó de por vida para ocupar cargos públicos.
Con 72 años de edad y tras haber ocupado la presidencia entre 2007 y 2015 —además de la vicepresidencia hasta diciembre de 2023—, Kirchner enfrenta ahora seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El máximo tribunal del país rechazó la apelación de su defensa, dejó firme la sentencia dictada en 2022 y selló su destino judicial y político.
Aunque por ley puede acceder al beneficio de prisión domiciliaria debido a su edad, la expresidenta tiene cinco días hábiles para presentarse voluntariamente ante el tribunal que dictó la condena. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad fue instruido a garantizar las condiciones para su futura detención.
Una causa emblemática: corrupción estructural en Santa Cruz
La sentencia forma parte del expediente conocido como “Causa Vialidad”, que investigó un esquema de desvío de fondos públicos durante los gobiernos kirchneristas. Según la Fiscalía, Cristina Kirchner habría favorecido con contratos millonarios a Austral Construcciones, empresa creada por su esposo, Néstor Kirchner, y dirigida por su amigo personal y socio comercial, Lázaro Báez, quien también fue condenado.
Durante los mandatos de ambos, la firma recibió el 79 % de las obras viales en Santa Cruz, bastión político de los Kirchner. De las 51 licitaciones adjudicadas, la mitad nunca se concluyó y varias presentaban sobreprecios significativos. El perjuicio estimado al Estado supera los mil millones de dólares.
La defensa de Kirchner argumentó en todas las instancias que no existía prueba directa que la vinculara con la asignación de contratos. “Entre la Presidencia y la ejecución de obra pública existen doce instancias administrativas”, escribió la propia exmandataria cuando fue condenada por primera vez. Pero los jueces consideraron que las evidencias acumuladas, los testimonios y la estructura de decisiones formaban parte de una cartelización institucionalizada desde la Casa Rosada.
Un giro político con alto impacto electoral
El fallo llega cuatro meses antes de las elecciones legislativas nacionales del 27 de octubre y apenas semanas antes de las provinciales del 7 de septiembre, donde su candidatura generaba alta expectativa. Con su inhabilitación firme, el peronismo se ve obligado a reconfigurar su estrategia electoral en medio de divisiones internas y un escenario de crisis económica.
Cristina Fernández de Kirchner seguía siendo presidenta del Partido Justicialista y principal figura opositora a Milei. Su figura —para bien o para mal— era el eje central del debate político argentino. La condena modifica no solo el equilibrio de fuerzas, sino también el tono de la campaña electoral.
Una trayectoria entre el poder, la polarización y los tribunales
Cristina ha sido una de las figuras más influyentes y polarizantes de la política argentina en las últimas tres décadas. Para sus detractores, encarna el símbolo del populismo, la corrupción y el clientelismo estatal. Para sus seguidores, es la única voz firme frente al neoliberalismo y responsable de haber ampliado derechos sociales durante su gobierno.
Pero desde que dejó la presidencia, su nombre ha estado ligado a múltiples causas judiciales. Además de la “Causa Vialidad”, enfrenta procesos por lavado de dinero, asociación ilícita y encubrimiento del atentado a la AMIA, el ataque a una mutual judía en 1994 que dejó 85 muertos.
En 2022, sufrió un intento de asesinato a las puertas de su domicilio, cuando un hombre le apuntó a la cabeza con un arma cargada. El disparo nunca se concretó por un fallo mecánico. El episodio dejó al país en shock y derivó en una investigación aún abierta.
El cierre de un ciclo político
La condena firme a Cristina Kirchner no solo representa un desenlace judicial. Es también el cierre formal de una era política. Aunque podrá cumplir su sentencia en arresto domiciliario, la mujer que marcó a una generación con sus discursos encendidos, sus políticas asistenciales y su confrontación con el poder económico, ya no podrá volver a ocupar un cargo público.
