La preocupación ha comenzado a correr entre comunidades migrantes de todo Estados Unidos. Y no es para menos. Un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes y ahora en manos del Senado propone aplicar un impuesto del 3.5% a todas las remesas que salgan del país, sin importar si quien las envía es un ciudadano, residente o migrante sin papeles.
El proyecto, bautizado por sus impulsores como el “Gran y Hermoso Proyecto de Ley”, es parte de una serie de reformas fiscales más amplias, pero lo que más ha encendido las alarmas es el impacto directo que tendría sobre millones de familias en América Latina y el Caribe, que dependen de esas remesas para sobrevivir.
De acuerdo con la iniciativa, el impuesto lo pagaría la persona que envía el dinero, sin importar si cuenta con documentos migratorios. Abarca a migrantes en situación irregular, trabajadores con visa temporal, beneficiarios de programas como el TPS, e incluso residentes con green card. La única excepción serían los ciudadanos estadounidenses, quienes, en caso de pagar por error, podrían solicitar un reembolso como crédito fiscal anual si tienen un número de Seguro Social y entregan los datos de la transacción.
Las compañías que ofrecen el servicio de envío —Western Union, MoneyGram y otras— serían las encargadas de retener el impuesto y reportar cada operación al Servicio de Impuestos Internos (IRS), tanto si la transacción está gravada como si no. Si el Senado aprueba la iniciativa y el presidente le da luz verde, la ley entraría en vigor el 1 de enero de 2026.
Las consecuencias para países como México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua podrían ser enormes. Según cifras del Banco Mundial, solo Guatemala recibe más de 19 mil millones de dólares al año en remesas. Aplicar este impuesto podría significar una pérdida de cientos de millones de dólares que dejarían de llegar a los hogares más vulnerables.
Pero el tema de las remesas no es el único contenido polémico del paquete legislativo.
El proyecto también propone:
- Aumentar impuestos a universidades de élite y organizaciones sin fines de lucro con gran patrimonio.
- Eliminar beneficios fiscales a propietarios de equipos deportivos multimillonarios.
- Restringir beneficios a inmigrantes sin documentos, entre ellos la eliminación de subsidios del Obamacare y de acceso a Medicare.
- Derogar exenciones fiscales que fueron aprobadas durante el mandato de Joe Biden, por un valor estimado de 500 mil millones de dólares.
Organizaciones pro migrantes ya preparan acciones legales y movilizaciones en caso de que la ley avance. Mientras tanto, miles de trabajadores migrantes hacen cálculos y se preguntan cuánto menos podrán enviar el próximo año.
