Las protestas en Irán, que comenzaron a finales de diciembre de 2025 por el agravamiento de la crisis económica, han escalado de forma significativa en los últimos días, consolidándose como una de las mayores olas de descontento social en años recientes. Las manifestaciones, inicialmente centradas en el rechazo a la depreciación de la moneda y el aumento de precios de bienes básicos, han evolucionado hacia un movimiento más amplio contra el actual sistema político, con consignas que incluso llaman al fin de la República Islámica.
Organizaciones de derechos humanos y activistas han documentado decenas de muertes a lo largo de todo el país. Según la agencia Human Rights Activists News Agency (HRANA) y otros grupos de monitoreo, el balance de fallecidos supera las 40 personas, entre ellos varios menores de edad, y hay más de 2 mil detenidos por participar en las protestas.
Ante la creciente presión de las calles, el gobierno iraní tomó medidas drásticas para frenar la movilización social. El jueves reciente las autoridades impusieron un apagón total de internet a nivel nacional, interrumpiendo el acceso a redes globales y servicios de comunicación, una medida que según organizaciones internacionales busca dificultar la coordinación de los manifestantes y limitar la visibilidad de los hechos dentro y fuera del país.
La falta de conectividad también ha tenido repercusiones en la aviación civil. Varias aerolíneas internacionales, incluyendo compañías de Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Qatar, cancelaron numerosos vuelos programados hacia y desde ciudades iraníes como Teherán, Mashhad y Shiraz. Estas cancelaciones, atribuibles tanto a razones operativas como a la situación de seguridad, han afectado el tránsito aéreo en la región.
Mientras tanto, el liderazgo iraní ha mantenido una postura firme frente al movimiento de protesta. El Líder Supremo, Ayatollah Ali Khamenei, ha calificado las manifestaciones como actos de “vandalismo” e influencia extranjera, y ha advertido que no retrocederá ante las exigencias de los participantes. El gobierno repite que la violencia es instigada por agentes externos y justifica sus acciones como necesarias para preservar el orden interno.
Desde el extranjero, figuras políticas extranjeras han reaccionado al desarrollo de los hechos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó advertencias al régimen iraní sobre posibles consecuencias si se continúa con una represión violenta contra los manifestantes. Al mismo tiempo, organizaciones internacionales han pedido el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales, entre ellos el acceso libre a internet y la libertad de expresión.
Las manifestaciones continúan en múltiples provincias pese a las restricciones, y la situación permanece volátil. Analistas internacionales advierten que este episodio podría tener consecuencias duraderas tanto en la política interna iraní como en las relaciones exteriores de la República Islámica en un contexto de tensión regional.
