La persistencia de la tala clandestina en el Estado de México, pese a los 216 operativos realizados por la Profepa desde 2022, confirma que los delitos contra el medio ambiente continúan siendo una amenaza para los ecosistemas y requieren una estrategia integral de seguridad, señaló el Partido Verde Ecologista de México.
El Partido Verde destacó que, para hacer frente a este problema, impulsó una reforma constitucional que fue aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2024 y que permite a las autoridades ambientales solicitar el apoyo de la Guardia Nacional en la prevención, investigación y combate de los delitos ambientales.
Como muestra de la importancia de esta coordinación, recordó el operativo nacional desplegado el pasado 10 de julio en 25 estados, en el que participaron la Guardia Nacional, la Profepa, las secretarías de Medio Ambiente, Gobernación y de la Defensa Nacional, además de fiscalías y autoridades estatales. En territorio mexiquense, las acciones se realizaron en Zinacantepec, Ocuilan y Metepec, zonas con alta incidencia de tala ilegal.
El Partido Verde advirtió que la explotación ilegal de los bosques suele estar vinculada con redes delictivas que obtienen importantes ganancias económicas, por lo que consideró indispensable fortalecer la presencia del Estado en las zonas forestales y mantener la coordinación entre las autoridades ambientales, las fiscalías y la Guardia Nacional para proteger el patrimonio natural del país.
