La crisis de inseguridad no da tregua en Sinaloa. Ahora los ciudadanos, además de protegerse del crimen organizado, también deben cuidarse de las autoridades, y es que Karla Yesenia N, de 28 años, quien estaba embarazada, fue asesinada por elementos de la Guardia Nacional junto a su esposo Néstor N, de 48 años de edad, sin que hasta el momento exista prueba alguna de que representaran una amenaza.

Era el domingo primero de junio, cuando la pareja se dirigía a una reunión familiar. Circulaban por un camino entre las comunidades de El Aguajito y El Garbanzo, en el municipio de Sinaloa, cuando, según testigos, fueron detenidos sin aparente razón. Los obligaron a bajar del vehículo, los hincaron y les apuntaron para después dispararles a quemarropa.

No estaban armados, no eran delincuentes, solo iban a una comida, relató una mujer que asegura haber presenciado el asesinato extrajudicial y quien pidió guardar el anonimato por temor a represalias.

La camioneta Dodge blanca en la que viajaban quedó abandonada, con las puertas abiertas y sin rastro de armas ni evidencia que justificara el uso de fuerza letal.

Sin embargo, la versión oficial de las autoridades, emitida hasta el momento y calificada como breve y confusa por diversos medios, insinuó un supuesto enfrentamiento.

El vehículo donde viajaba la pareja fue asegurado por las autoridades, pero al momento no se han revelado informes periciales, ni imágenes, ni resultados balísticos que expliquen lo ocurrido. Tampoco hay detenidos ni sancionados. Solo tres vidas truncadas en un país donde los abusos de las fuerzas armadas suelen enterrarse bajo toneladas de silencio.

Karla era psicóloga y Néstor, comerciante de pollos. Vivían en El Alamito, a solo cinco kilómetros del sitio donde fueron asesinados. La Fiscalía estatal se deslindó del caso y dejó en manos de la Fiscalía General de la República las respectivas investigaciones, por tratarse de un presunto crimen cometido por fuerzas federales. Sin embargo, ni la Guardia Nacional ni la FGR han ofrecido un posicionamiento público.

Las reacciones no se hicieron esperar y, desde el lunes 2 de junio, decenas de habitantes de El Aguajito y otras comunidades, además de amigos y familiares de las víctimas, se reunieron frente a la base de la Guardia Nacional en Guasave para realizar una protesta pacífica y exigir justicia.

Portaban pancartas, gritaban consignas y negaban rotundamente que Néstor o Karla hubieran agredido a los uniformados.

A través de un comunicado, Amnistía Internacional exigió que la investigación del caso sea pronta, imparcial y con enfoque de derechos humanos, pues aseguró que la militarización de la seguridad pública sigue costando vidas inocentes.

Ese mismo día, mientras la familia de Karla y Néstor lamentaba la pérdida de tres vidas, otra escena encendía las alarmas de las autoridades locales y estatales a menos de 200 kilómetros de distancia, esta vez en Culiacán.

Ahí, la noche del lunes 2 de junio, siete elementos de la Policía Municipal fueron desarmados y detenidos por agentes de la Policía Estatal Preventiva, con apoyo de la Guardia Nacional. El operativo se llevó a cabo frente a la clínica privada Médica de la Ciudad, en la colonia Gabriel Leyva, luego de una llamada anónima al 089 que alertaba sobre el ingreso de dos hombres heridos por arma de fuego.

Sin embargo, lo que parecía ser una intervención rutinaria se convirtió en una escena de máxima tensión, pues los municipales ya resguardaban el hospital y, lejos de colaborar con sus superiores, les impidieron el paso y se negaron a identificarse, adoptando una actitud hostil que desató una riña y posteriormente un supuesto enfrentamiento armado.

Más tarde, los elementos detenidos fueron identificados como Luciano, Pedro Luis, Saúl, Luis Alberto, Jasiel Humberto, Jesús Manuel y Reyna Gloria, todos policías en activo que debían estar descansando y no laborando.

Se aseguraron dos patrullas, armas cortas y largas, radios y equipos de comunicación.

La versión de que se trataba de un enfrentamiento derivado de una patrulla clonada fue desmentida por la Secretaría de Seguridad Pública.

Ese mismo martes, como si se tratara de un castillo que comienza a derrumbarse, el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Sergio Antonio Leyva López, presentó su renuncia irrevocable. El alcalde Juan de Dios Gámez confirmó la dimisión y solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional una terna de candidatos para ocupar el cargo. Y aunque no hubo más explicaciones, la fractura institucional era evidente y doble: por un lado, la desconfianza hacia las corporaciones de seguridad; por el otro, el creciente miedo de los ciudadanos, que ya no saben si al cruzarse con una patrulla deberían sentirse protegidos o temer por sus vidas.

En tanto, la clínica donde ocurrió el operativo permanece fuertemente custodiada por el Ejército, pero aún no se informa sobre la identidad ni el estado de salud de los dos hombres heridos que detonaron el conflicto.