16 soldados de las Fuerzas Armadas asesinaron cruel y extrajudicialmente a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Las víctimas —Alex Blucha, Jorge Colector, José Moreno, Edgar Chavarría y José Rivera— fueron detenidas por elementos del Ejército Mexicano, obligadas a bajar de una camioneta, desarmadas, golpeadas y posteriormente alineadas contra un muro… donde recibieron disparos a quemarropa. Cuatro murieron en el lugar. El quinto, herido de gravedad, falleció poco después mientras recibía atención médica.
Todo quedó grabado en video. La secuencia, captada por la cámara de seguridad de un centro comercial, mostró con claridad cada movimiento: el choque del vehículo, la intervención de los militares, los golpes, las detonaciones. Incluso se observa el momento en que uno de los uniformados manipula un arma con un trapo rojo, para colocarla junto al cuerpo de uno de los civiles, presuntamente con el fin de simular un enfrentamiento. Las imágenes desmentían la versión oficial que intentó presentar el hecho como una “confrontación armada”.
El crimen ocurrió el 18 de mayo de 2023, a plena luz del día, y marcó un nuevo episodio en la larga historia de abusos militares en la ciudad fronteriza. Sin embargo, a dos años del atroz asesinato, los responsables no han sido juzgados. El proceso judicial fue suspendido de forma indefinida debido a la falta de jueces federales adscritos al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Reynosa, Tamaulipas. Y no hay fecha para reanudarlo.
Un juicio sin fecha… y familias quebradas por la espera
La audiencia de apertura del juicio contra siete de los militares involucrados —acusados por homicidio calificado— estaba programada para el próximo 29 de septiembre de 2025, pero ha sido cancelada. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo confirmó que la causa penal 203/2023 sigue abierta, pero sin juzgador asignado.
“Desde hace dos años y un mes estamos esperando que se haga justicia… y ahora nos dicen que no hay jueces, que quizá el juicio será hasta 2026”, denunció Roberto Puente, asesor legal de las familias de las víctimas. Su colega, Edgar Netro, agregó que el retraso representa una negación directa al acceso a la justicia para las familias de Alex, Jorge, José, Edgar y José.
La señora Beatriz Cueva, esposa de una de las víctimas, fue aún más contundente: “El presidente que salió dijo que habría justicia porque hay evidencia suficiente de que fue una ejecución. Ahí está el video. Pero ahora no hay ni juez. Esto es impunidad”.
De prisión militar a libertad procesal
En los primeros días de junio de 2023, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) confirmó la detención de 16 militares por su presunta participación en el asesinato de los cinco jóvenes. El Juzgado Primero de Control de la Primera Región Militar otorgó las órdenes de aprehensión y, el 9 de junio, todos fueron vinculados a proceso por delitos contrarios a la disciplina militar.
Los acusados fueron enviados con prisión preventiva a la Prisión Militar de la Primera Región, en el interior del Campo Militar Número 1-A, en la Ciudad de México. El procedimiento, sin embargo, se mantuvo dentro del fuero militar, lo que impidió que familiares tuvieran acceso directo a las audiencias o a los avances en la carpeta de investigación.
Posteriormente, solo siete de los implicados fueron canalizados a la justicia civil bajo cargos de homicidio calificado, y ninguno de ellos se encuentra hoy en prisión preventiva civil.
AMLO reconoció que fue una ejecución
El presidente Andrés Manuel López Obrador abordó públicamente el caso en su conferencia matutina del 7 de junio de 2023. En un gesto inusual, reconoció que los hechos no correspondían a un enfrentamiento.
“Al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos… Cuando hay un abuso, tiene que castigarse a los responsables”, declaró ese día el entonces mandatario federal.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación de oficio. Pero a la fecha, no ha emitido recomendación pública alguna sobre el caso. Tampoco se ha esclarecido por qué no se ha transferido formalmente el expediente completo al fuero civil.
Nuevo Laredo: campo minado de impunidad
Lejos de tratarse de un hecho aislado, el asesinato de los cinco jóvenes se sumó a una serie de ejecuciones y abusos cometidos por militares en Nuevo Laredo en los últimos años. Tan solo entre 2020 y 2023, organizaciones de derechos humanos documentaron al menos tres eventos similares, con un saldo de 14 personas muertas en operativos con uso excesivo de la fuerza o manipulación de escenas del crimen.
En este contexto, los asesores legales solicitaron formalmente que el presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, ordene la instalación de un Tribunal de Enjuiciamiento en Nuevo Laredo, pues actualmente el más cercano se encuentra en Reynosa, a más de 200 kilómetros de distancia. Esta falta de estructura judicial ha servido como pretexto para demorar indefinidamente el inicio del juicio.
“Lo mínimo que exigimos es que instalen un tribunal aquí. Si no hay juez, no hay justicia”, insistió Beatriz Cueva, representante de las familias.
La justicia que no llega
Los abogados, activistas y familiares han insistido: hay pruebas suficientes, incluido el video, que muestra con claridad lo ocurrido. La camioneta estrellada. La rendición de los ocupantes. Las armas retiradas. Los golpes. Las ejecuciones. La manipulación de la escena. Todo grabado. Todo público. Todo sin consecuencias hasta ahora.
El expediente sigue estancado. La audiencia fue cancelada. Los acusados están libres. Y las familias siguen esperando.
