San Luis Río Colorado, Sonora.— El caso del asesinato de la adolescente Leyla Monserrat volvió a generar indignación social luego de que familiares, amigos y ciudadanos se manifestaran para exigir justicia y cambios en la legislación que regula las sanciones contra menores de edad que cometen delitos graves.
La protesta se llevó a cabo frente a las instalaciones de la Fiscalía estatal y posteriormente en el exterior del Juzgado, donde los inconformes expresaron su rechazo a las sentencias dictadas contra las responsables del crimen, al considerar que no corresponden a la gravedad de los hechos.
Leyla Monserrat fue asesinada en septiembre de 2025 en Sonoyta, Sonora, tras ser engañada por dos adolescentes, quienes la citaron con el pretexto de una sorpresa. De acuerdo con las investigaciones, la joven fue vendada y asfixiada, en un crimen que además fue grabado en video y posteriormente difundido.
En marzo de 2026, un juez dictó sentencia bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes: dos años y diez meses de internamiento para la agresora de 15 años y menos de un año de libertad asistida para la menor de 13, además de una reparación del daño moral que ha sido ampliamente cuestionada.
La madre de la víctima, Carmen Angélica Becerra, encabezó la movilización y expresó su inconformidad con el proceso judicial, al considerar que el sistema priorizó los derechos de las agresoras por encima de los de su hija. Asimismo, hizo un llamado para que el caso siente un precedente que impulse reformas legales a nivel federal.
“No entiendo a las leyes, aquí tuvieron más valor los derechos de las asesinas que de mi hija, ella tenía una vida, tenía derechos, era una adolescente que estaba aprendiendo a vivir, y todo eso le arrebataron ellas no es justo. Ahora el seis de abril cumpliría años, no hubo un pastel, no hubo un festejo, simplemente fue llevar flores al panteón”, expuso la madre de Leyla Monserrat.
Autoridades del Poder Judicial de Sonora señalaron que las sanciones se apegan al marco legal vigente, el cual establece límites en las penas para menores de edad, por lo que insistieron en que cualquier modificación deberá realizarse mediante reformas legislativas.
El caso ha reavivado el debate nacional sobre la efectividad del sistema de justicia para adolescentes y la necesidad de revisar las leyes ante delitos de alto impacto, en medio de una creciente exigencia social de justicia para las víctimas.
