Lizeth Villalobos López, presidenta de la Asociación Nacional de Estancias Infantiles, y la maestra Valeria Alejandra López fueron liberadas tras haber sido detenidas durante tres horas por haber participado en una protesta en la vía pública para exigir mayores recursos destinados a estancias infantiles en Hermosillo, Sonora.
Las dos mujeres detallaron que su detención ocurrió luego de que se realizó un reporte al C5 por presuntamente obstruir las vías de comunicación de la ciudad, mientras realizaban una manifestación. Aseguraron que el procedimiento para detenerlas fue irregular y que no respetaron sus derechos.
La presidenta Villalobos López declaró que la maestra Valeria sufrió violencia física durante la intervención de los elementos de la Policía Estatal y dijo que su actuación fue un intento de inhibir la protesta social en pro de las estancias infantiles.
Esta movilización, en la que participaron las educadoras Lizeth y Valeria, forma parte de una protesta social en el estado de la organización Conservando los Valores de la Familia (Covafam), la cual ya suma 100 días de protesta y 70 en huelga de hambre. El movimiento es encabezado por el abogado Jorge García Ramírez, representante legal de la organización frente al Congreso estatal.
Tras la detención de las dos maestras, el miércoles 29 de julio, el titular de Covafam acudió a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para exigir la liberación de Lizeth y Valeria, así como denunciar lo que calificó como una criminalización de una movilización ciudadana.
Después de la intervención del equipo jurídico de García Ramírez, las dos mujeres fueron liberadas, pues se exigió el respeto a las garantías constitucionales de las manifestantes a favor de las estancias infantiles.
Aunque después de tres horas las maestras fueron liberadas, los representantes legales de Covafam dieron a conocer que este caso se llevará ante diversos organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a la presunta omisión de las comisiones estatal y nacional de derechos humanos.
Además, presentarán denuncias penales y administrativas contra los policías estatales que participaron en el arresto de las dos educadoras Lizeth y Valeria, por presuntos abusos y amenazas durante el despliegue de seguridad.
El movimiento de Covafam ha exigido que Sonora cuente con un marco legal que garantice el acceso universal a la educación inicial y que, a su vez, permita la apertura de un instituto para atender la primera infancia. Además, demanda la entrega de fondos presupuestales destinados a estancias infantiles.