Tampico, TAMPS. – La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) de Tamaulipas ha sancionado a un total de 195 personas servidoras públicas, de las cuales 134 han sido inhabilitadas por incurrir en conductas contrarias al correcto ejercicio de la administración pública, reveló la contralora estatal Norma Angélica Pedraza Melo.
En entrevista, la funcionaria detalló que aproximadamente el 90 por ciento de las personas sancionadas, algunas de primer nivel, pertenecieron a la administración pasada. Detalló que algunos exfuncionarios han impugnado la sanción y que son procesos que se dirimen hoy en el Tribunal de Justicia Administrativa.
“Cuando llegamos solamente 31 mil personas del Poder Ejecutivo estatal presentaban su declaración patrimonial y de intereses, hoy más de 79 mil están presentadas en tiempo y forma, y vamos avanzando en materia de investigaciones, que a la fecha hemos sancionado a 195 personas servidoras públicas, para ser concretos solo este año son 52 personas sancionadas.
“Hay inhabilitaciones, de esas 195 personas sancionadas a la fecha, 134 corresponden a una sanción de tipo de inhabilitación, también hay amonestaciones y suspensiones. Hemos mandado al Tribunal de Justicia Administrativa 85 expedientes por presuntas faltas que se han calificado como graves”, 84 al tribunal del estado y 1 expediente al tribunal federal, señaló.
Al ser cuestionada sobre si hay personas funcionaras públicas de primer nivel inhabilitadas respondió:
“El 90% de las inhabilitaciones corresponden a personas de la administración pasada y sí, sí hay personas de primer nivel que en su momento han sido inhabilitadas, se emitió la sanción, en algunos casos recurrieron, acudieron a instancias para el amparo y seguimos en el proceso”.
Pedraza Melo hizo notar que el gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal, ha completado indicadores y acciones que permiten fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, por ejemplo, dijo que en cada cuenta pública auditada por la ASF han tenido montos observados bajos.
Detalló que la cuenta pública 2023 sólo tuvo observaciones equivalentes al .03 por ciento del total del presupuesto auditado y la 2024 tuvo el .02 por ciento que se traducen -dijo- en 10 a 14 millones de pesos promedio observados en ambas cuentas públicas “y eso habla del orden, de la transparencia y la rendición de cuentas que venimos fortaleciendo”.
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas, las sanciones son resultado de procedimientos administrativos derivados de auditorías, revisiones de control interno, denuncias ciudadanas y procesos de fiscalización realizados por las autoridades competentes, en el marco de las atribuciones legales del gobierno estatal.
Los expedientes enviados al Tribunal de Justicia Administrativa corresponden a casos en los que se identificaron elementos suficientes para presumir la existencia de faltas administrativas graves, por lo que será dicha instancia la encargada de determinar las responsabilidades y, en su caso, imponer las sanciones adicionales conforme a la legislación vigente.
Las cifras dadas a conocer, indicó, reflejan una tendencia de fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y control gubernamental en la entidad.
Durante la pasada comparecencia de la secretaria ante el Congreso local, realizada en abril pasado, la dependencia reportó la atención de más de cuatro mil expedientes de presunta responsabilidad administrativa en las fases de investigación, substanciación y resolución, de los cuales una parte importante corresponde a procedimientos relacionados con la administración anterior.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene de manera permanente el registro estatal de servidores públicos sancionados e inhabilitados, además de coordinar acciones de prevención, detección y sanción de irregularidades en el servicio público.
Entre sus atribuciones se encuentran la atención de denuncias ciudadanas, la supervisión del cumplimiento de obligaciones administrativas y la promoción de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Las acciones anunciadas por la dependencia se suman a los esfuerzos institucionales para fortalecer la integridad en el ejercicio de la función pública y garantizar que los recursos gubernamentales sean administrados conforme a los principios de legalidad, eficiencia y responsabilidad.
