A pesar de que desde que tomó su cargo advirtió que Morena no aceptará militantes corruptos, la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, afirmó que Rubén Rocha Moya y los otros funcionarios acusados de presunto narcotráfico seguirán en sus filas hasta que no existan pruebas por parte de autoridades estadounidenses.
En conferencia de prensa, Montiel aseguró que el partido oficialista no tomará decisiones en cuanto a este caso hasta que las imputaciones contra los diez funcionarios de Sinaloa sean acreditadas y contundentes.
Además, mencionó que no necesariamente tiene que ocurrir una baja de los funcionarios como militantes de Morena. “Lo que vamos nosotros a esperar, como lo hemos dicho, es que se presenten las pruebas”, afirmó. Montiel hizo referencia al discurso que dio la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema en su celebración por el segundo aniversario de su triunfo electoral.
El 31 de mayo, en su discurso, Sheinbaum puntualizó que permitir que gobiernos extranjeros, en este caso el estadounidense, ejercieran presión sobre instituciones nacionales representaría una forma de injerencia, esto rumbo al próximo proceso electoral de 2027. “México no es piñata de nadie”, reiteró la presidenta.
Como referencia a la mandataria, Montiel aseguró que el partido no va a permitir que se hagan señalamientos y luego se dirijan hacia otras personas o territorios. Así, afirmó que la dirigencia de Morena respalda completamente la postura de la presidenta sobre la defensa de la soberanía nacional.
“No somos la piñata de nadie”, dijo Montiel citando a la presidenta. Explicó que México no será un factor en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se celebrarán en noviembre de 2028, así como tampoco se permitirá la injerencia del país vecino en el proceso electoral mexicano de 2027.
Montiel señaló que la Fiscalía General de la República ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes a este caso, luego de citar a los diez funcionarios de Sinaloa a comparecer en calidad de testigos. Así, el partido oficialista se encuentra en espera de la resolución de la autoridad mexicana.
Explicó que actualmente los funcionarios están separados de sus cargos públicos, porque “lo más importante es la atención al pueblo de Sinaloa”.
A pesar de las declaraciones en pro de la población de la entidad federativa, el pasado 2 de junio la Alianza de Abogados presentó una solicitud ante el Senado de la República para que se apruebe el mecanismo de desaparición de poderes en Sinaloa. El grupo, acompañado por la senadora Paloma Sánchez del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que nada ha cambiado, pues los políticos acusados siguen manejando el gobierno.