A ocho días de haber dejado su cargo en el Ayuntamiento de Guadalajara, la exfuncionaria Naomi Sofía Figueroa Álvarez provocó una ola de indignación nacional tras confesar públicamente que participó en el sacrificio de un perro como parte de un ritual de santería para “quitar enemigos del camino”.
La declaración fue transmitida en vivo a través de su cuenta personal en redes sociales. En el video, Figueroa aparece en primer plano, describe el ritual con tono desafiante, hace una seña de degüello con la mano y lanza amenazas veladas a quienes considera adversarios. De fondo, se escucha un corrido belicoso que alude a un líder del Cártel del Noreste detenido en Zacatecas.
“Tuve que hacer un sacrificio muy grande... porque le cortaron a un perro para que me quitaran a mis enemigos del camino. Todos van a caer”, se escucha decir a la joven, mientras mueve la cabeza al ritmo de la canción “La Pantera”.
Una servidora pública con funciones comunitarias
Figueroa fue contratada el 18 de marzo de 2025 como colaboradora especializada en la Dirección de Colmenas y Centros de Cuidado Comunitarios, una estrategia municipal orientada a la reconstrucción del tejido social en zonas vulnerables. Percibía un salario bruto de 18 mil 400 pesos mensuales, incluidos apoyos de despensa y transporte.
Aunque su contrato terminó el 31 de mayo —según confirmó el área de comunicación social del gobierno municipal—, la difusión del video generó cuestionamientos sobre los criterios de contratación y permanencia en cargos públicos, así como la responsabilidad del Ayuntamiento ante posibles delitos cometidos por extrabajadores.
“La persona en cuestión no forma parte de esta administración desde el pasado 31 de mayo. Fue una trabajadora eventual que laboró por 72 días”, señaló el gobierno municipal encabezado por la emecista Verónica Delgadillo.
Protestas, leyes y contradicciones institucionales
Colectivos como Animal Héroes y Proyecto S.O.S. exigieron la apertura inmediata de una carpeta de investigación. El Código Penal del Estado de Jalisco establece penas de seis meses a tres años de prisión y multas de hasta 1,000 UMA para quien cause la muerte o lesiones graves a un animal. La Ley de Protección y Cuidado de los Animales prohíbe explícitamente el uso de animales en ritos que afecten su bienestar, sin excepciones religiosas.
La Dirección de Colmenas, donde laboraba Figueroa, tiene como objetivo fomentar la convivencia, la inclusión y el respeto en comunidades tapatías. La confesión pública de crueldad animal contradice directamente los principios de esa instancia.
“Las instituciones públicas deben garantizar que sus trabajadores, incluso los eventuales, estén comprometidos con el respeto a la vida y los derechos fundamentales”, expresó un vocero de Animal Héroes en redes sociales. “No es un tema religioso, es un tema legal y ético”.
Retractación y antecedentes familiares
Tras la difusión masiva del video, Figueroa reapareció en redes sociales utilizando el perfil de su padre para pedir disculpas. Aseguró que todo fue una mentira “dicha desde mi vulnerabilidad y mi miedo”, y explicó que supuestas amenazas la llevaron a decir cosas que no eran ciertas. No presentó pruebas de estas intimidaciones.
La controversia también revivió los antecedentes de su madre, Susana Priscila Álvarez Hernández, exdirectora del Instituto Municipal de Atención a la Juventud, sancionada en 2019 por un viaje no autorizado y señalada por presunto desfalco. Actualmente trabaja en el gobierno estatal con un sueldo superior a los 50 mil pesos mensuales.
Indignación ciudadana y silencio institucional
Pese a la gravedad de la confesión, ninguna autoridad judicial ha informado sobre una investigación formal hasta el momento. Activistas y defensores de animales anunciaron que, de no ver avances, acudirán a la Fiscalía del Estado y organizarán protestas públicas para exigir justicia.
El caso ha puesto en tela de juicio la coherencia de los gobiernos locales en sus políticas de bienestar animal y en sus criterios para la selección de personal, así como la capacidad del Estado para hacer cumplir leyes cuando se alegan motivos religiosos.
