El fiscal especializado en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, Andrés Norberto García Repper, desmintió al empresario Israel Alejandro Valdez Sánchez sobre su situación jurídica y aclaró que la investigación que enfrenta no está relacionada con presuntos actos de corrupción o solicitudes de sobornos sino por presuntos delitos cometidos durante un litigio administrativo.

En entrevista, el fiscal explicó que la intervención de la Fiscalía a su cargo se originó a partir de una denuncia presentada por el Gobierno de Tamaulipas por los presuntos delitos de falsedad de declaraciones ante un Tribunal y fraude procesal, derivados de un procedimiento judicial relacionado con la cancelación de un contrato de distribución de despensas.

García Repper señaló que la Fiscalía no investiga si el contrato fue otorgado o cancelado correctamente, pues ese asunto corresponde a la esfera administrativa. Precisó que la investigación se centra en declaraciones realizadas por el empresario ante un Tribunal, las cuales habrían servido de base para obtener inicialmente una resolución favorable.

De acuerdo con el fiscal, la denuncia sostiene que Valdez Sánchez afirmó haber entregado en tiempo y forma las pólizas de garantía exigidas para la prestación del servicio. Sin embargo, durante la investigación se recabó información que, según la acusación, contradice esa versión.

“Él afirma haber entregado en tiempo las pólizas que como proveedor deben garantizar la prestación de sus servicios, cuando el gobierno y esta Fiscalía se dedican a investigar efectivamente cómo se dieron todos los trámites del contrato, se percatan que la afianzadora responde que no, que estas pólizas ni siquiera se habían entregado en la firma (del contrato) el 15 de marzo.

“La afianzadora responde que la solicitó a partir del 3 de abril y se entregaron aproximadamente el 11 de abril, luego entonces sí esto sirvió de base para que el Tribunal en una primera instancia le dieron la razón, el gobierno está señalando que hay una conducta de falsedad, y el miso Tribunal lo revoca”.

“Lo que esta fiscalía hace es investigar los delitos que se denuncian. El asunto que se encuentra bajo investigación tiene que ver con presuntas falsedades planteadas ante un tribunal y no con el fondo del contrato administrativo”, explicó.

Sobre la afirmación del empresario, hecha a través de redes sociales y en espacios radiofónicos, de encontrarse arraigado, García Repper fue categórico al señalar que dicha versión es incorrecta.

“No hay arraigo”, sostuvo el fiscal al leer las medidas cautelares dictadas por el juez. Explicó que la resolución únicamente establece la prohibición de salir de Ciudad Victoria sin autorización judicial previa y la obligación de entregar visa y pasaporte mientras se desarrolla el proceso.

Detalló que esta medida busca garantizar que la persona permanezca a disposición de las autoridades y pueda comparecer cuando sea requerida por el sistema de justicia.

“Hay que aclarar algo que se dijo y que es una falsedad. No hay arraigo. Un juez ordena que entregue su visa y pasaporte, porque cuando las personas están sujetas a un proceso se tiene que garantizar que estén al alcance de la autoridad, en caso de que se llame a una audiencia.

En este estado hemos sido testigos cómo algunas personas se fugan a Estados Unidos y luego es un problema que se regresen al sistema jurídico mexicano.

“Él puede salir de la ciudad con autorización judicial, puede circular libremente en la ciudad, y si le pide autorización al juez para salir del país, dependerá de lo que el juez le dé permiso. Y otra cosa que dice, que se siente amenazado.  La fiscalía que yo me honró en presidir otorga medidas de protección a las personas cuando en medio de estas controversias consideran que su integridad está haciendo amenazada.

“Y se le invita que por favor, si considera que su integridad está siendo amenazada, acuda con nosotros a pedir medidas de protección, no sería la primera vez que se otorga medidas de protección a personas involucradas en controversias”, detalló.

El funcionario también aclaró que la Fiscalía a su cargo no ha recibido denuncias formales relacionadas con amenazas, extorsiones o presuntos actos de corrupción atribuidos a servidores públicos, pese a que el empresario ha realizado diversos señalamientos en medios de comunicación y redes sociales.

“Lo lógico y lo sano es que, si existen presuntos hechos delictivos, se presenten ante las autoridades competentes para que puedan investigarse”, afirmó.

Respecto a las acusaciones de que la cancelación del contrato habría obedecido a una negativa para entregar sobornos, García Repper indicó que esas afirmaciones no forman parte de la carpeta de investigación que actualmente conoce la Fiscalía Anticorrupción.

Asimismo, confirmó que el contrato fue rescindido por la autoridad estatal y que la controversia administrativa sobre esa decisión continúa su curso en las instancias correspondientes.

Finalmente, el fiscal señaló que el proceso penal aún se encuentra en una etapa preliminar y será el Poder Judicial quien determine la validez de las pruebas y la eventual responsabilidad de las partes involucradas. Recalcó que los dichos del empresario en espacios periodísticos son falsos pues no esta bajo arraigo ni prisión domiciliaria.