A casi un mes de los hechos ocurridos en Chihuahua, en los que dos agentes de la CIA fallecieron en un accidente automovilístico luego de participar en un operativo que tenía como fin el desmantelamiento de un narcolaboratorio del Cártel de Sinaloa, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer avances en la investigación que apuntan a que el Gobierno de María Eugenia Campos violó la competencia federal en dicho operativo.
La FGR informó que durante el operativo, los elementos ministeriales federales y peritos de la Agencia de Investigación, con apoyo de fuerzas federales, no recibieron cadena de custodia de parte de las autoridades locales. Asimismo, ni el área abierta, ni los indicios, ni las sustancias que se incautaron fueron entregados bajo resguardo formal. Señaló que la irregularidad fue registrada en la carpeta federal y decretó el aseguramiento correspondiente, previa elaboración del acta en la que se señalaron las diversas anomalías.
Se dio a conocer que el narcolaboratorio actualmente se mantiene bajo resguardo de fuerzas federales y no ha sido desmantelado, pues al momento se encuentra bajo un proceso de destrucción y traslado de sustancias y objetos encontrados, para que se cumpla el marco normativo correspondiente. Reiteró que trabaja en el esclarecimiento de los hechos y en dar con las personas que operaban el lugar.
Sobre la carpeta de investigación en la que se indagan posibles delitos en materia de seguridad nacional, la cual se integra en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, se mencionó que las entrevistas a casi 50 personas citadas concluyeron de manera satisfactoria, a excepción de siete que no acudieron a declarar. Se indicó que estas personas fueron convocadas nuevamente para recabar su entrevista ministerial en los próximos días. Este punto también se aplicará a otros funcionarios públicos que se consideren pertinentes para el desarrollo de las líneas de investigación.
En su comunicado, la FGR destacó que, de acuerdo con el contenido normativo de la Ley General de Salud, se estipula competencia exclusiva de la Federación para investigar, perseguir y sancionar delitos que involucren la participación de la delincuencia organizada, tal como es el caso del narcolaboratorio de Chihuahua.
Además, agregó que en la conducción de la política exterior, las funciones en materia de seguridad nacional son atribuciones exclusivas del Gobierno de la República, encabezado actualmente por la presidenta Claudia Sheinbaum. Reiteró que las entidades federativas tienen prohibido realizar alianzas, tratados o coaliciones con otros estados o países.
Debido a lo expuesto por la FGR, se informó que se abrió una nueva línea de investigación para determinar si la Fiscalía General del Estado, dependiente del Gobierno de Chihuahua, invadió la competencia federal al llevar a cabo el operativo en el narcolaboratorio y si continúa infringiendo el diseño constitucional.