La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre la detención de un automovilista que transportaba un tigre blanco de cuatro meses. La captura ocurrió en la Central de Abasto de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. El ejemplar, en peligro de extinción, fue resguardado por personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA).
El hombre que transportaba a la cría de tigre blanco fue identificado como José Luis “N”, quien fue detenido después de no poder acreditar la propiedad legal del ejemplar ni presentar una autorización para trasladarlo. Las autoridades acudieron al lugar tras una denuncia ciudadana.
Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, informó que tras la captura del hombre también acudió la Brigada de Vigilancia Animal para hacerse cargo del tigre blanco. Posteriormente, la institución entregó el ejemplar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que será la encargada de determinar su situación y destino.
Por su parte, José Luis “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, encargada de realizar las investigaciones correspondientes. Vázquez Camacho aseguró que, a través de la oportuna atención de las denuncias ciudadanas, la dependencia trabaja para “construir una ciudad más segura, justa y en paz”.
Este hecho se suma al hallazgo de otros ejemplares en la Ciudad de México. En abril del presente año se encontró una cría de tigre de Bengala en un inmueble de la alcaldía Xochimilco, tras un reporte realizado al 911.
Además, en marzo ocurrió otro hallazgo: durante un operativo contra presuntas actividades de narcomenudeo se localizaron un cocodrilo, una iguana y dos ajolotes en un inmueble de la alcaldía Venustiano Carranza. En el lugar también se aseguraron 169 dosis de presunta cocaína y se logró la detención de seis personas.
Aunque se desconoce la situación jurídica de las personas involucradas en los tres casos, el artículo 420 del Código Penal Federal establece que la posesión o transporte ilícito de especies de fauna silvestre constituye un delito federal, con una pena de uno a nueve años de prisión, así como una multa de 300 a 3 mil días.