Como contexto de la tensa situación que se está viviendo actualmente en Michoacán, tenemos el hecho de que el pasado 7 de mayo tuvo lugar un ataque perpetrado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y elementos de la misma Policía Municipal de Chilchota a quienes se les acusa de estar al servicio de la organización criminal.
Como resultado de dicho ataque se reportó un saldo de 2 pobladores muertos por disparos de armas de fuego, uno de ellos era docente y el otro vigilante de un panteón; además de que un tercer sujeto resultó herido.
El ataque finalmente fue contenido por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil, quienes fueron blanco de los grupos criminales.
Dicho enfrentamiento ocurrió alrededor de las 2 de la tarde del día 7 de mayo, en donde un grupo de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, intentaron secuestrar bajo amenaza a una habitante de la localidad de Acachuén; por lo que ante la amenaza los oriundos salieron a las calles en defensa de la mujer, momento en el que fueron atacados a tiros por los criminales, posteriormente se confirmó por el mismo autogobierno que elementos de la Policía Municipal habían disparado también en contra de los habitantes.
Por esta razón, distintas comunidades indígenas de la Meseta Purépecha y de la Cañada de los 11 pueblos, realizaron al menos 5 bloqueos en carreteras estatales y en autopistas con el fin de exigir seguridad para sus localidades.
Mientras que por su parte, la alcaldesa de Chilchota, Alejandra Ortíz Suárez, no ha dado ninguna declaración oficial al respecto; aun cuando quedó en evidencia que la Policía Municipal a su cargo trabaja bajo la subordinación del crimen organizado.
Asi fue como desde las 10 de la mañana del dia lunes 11 de mayo, las comunidades indígenas comenzaron a manifestarse en los siguientes tramos carreteros: Zacapu-Zamora (a la altura de la desviación a Purépero); Pátzcuaro-Uruapan (a la altura de San Juan Tumbio); Paracho-Uruapan (en el acceso a la cabecera municipal de Paracho); Cherán-Zamora (en Acachuén), así como en la Autopista Siglo 21 8 en la caseta de Zirahuén).
Y de esta manera llamaron a la “Jornada Estatal por la Seguridad, la Justicia y la Paz”, en donde buscan exigir condiciones de seguridad, paz y justicia para las comunidades indígenas de Michoacán; ante el hartazgo y su urgencia de que las fuerzas federales y estatales se vean infiltradas y bajo las órdenes del mismo crimen organizado.
Ante las protestas, Policías Antimotines del Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Publico fueron desplegados en la autopista Siglo XXI en donde replegaron a los manifestantes inconformes y reabrieron la circulación hacia las regiones de Tierra Caliente y Costa de Michoacán.
Por lo que las mismas comunidades indígenas ya han responsabilizado al gobernador morenista Alfredo Ramirez Bedolla de cualquier acto de violencia que sea ejecutado en su contra durante las protestas.
