El productor Juan José López Ordóñez denunció la existencia de una presunta red dedicada a la expedición irregular de certificados de vacunación contra Covid-19, en un esquema en el que habrían sido señalados el futbolista Edson Álvarez, su exsuegro Jonathan Toache Bedolla y la médica Diana Magaña como supuestos operadores. De acuerdo con las acusaciones, la estructura habría facilitado documentos apócrifos a integrantes del medio artístico, empresarial y deportivo interesados en acreditar esquemas de vacunación sin acudir a los módulos oficiales de inmunización.
Según los señalamientos realizados por López Ordóñez, entre las personas que presuntamente habrían adquirido estos comprobantes figuran Montserrat Oliver, Yolanda Andrade, Osvaldo Benavides, Esmeralda Pimentel, Natalia Lafourcade y Jay de la Cueva. El denunciante sostiene que los documentos permitían generar certificados aparentemente válidos, acompañados por códigos QR similares a los emitidos por las autoridades sanitarias durante la pandemia.
El presunto interés por obtener estos certificados habría estado relacionado con las restricciones sanitarias implementadas en distintos países durante la emergencia por Covid-19. En aquel periodo, numerosos destinos internacionales exigían la presentación de comprobantes de vacunación para permitir el ingreso de viajeros o exentar periodos obligatorios de cuarentena.
De acuerdo con la versión presentada por López Ordóñez, la elaboración de los certificados se realizaba mediante el supuesto acceso indebido a bases de datos vinculadas al sector salud a través de una plataforma denominada "Resistencia". Desde ese sistema, presuntamente se incorporaban registros relacionados con lotes de vacunas, sedes de aplicación y datos de personas que no habían acudido a recibir el biológico.
Las acusaciones señalan que el esquema permitía asignar nombres de vacunas autorizadas, números de lote y centros de vacunación reales, entre ellos módulos instalados en puntos como Azcapotzalco o Campo Marte. Con esa información se generaban certificados impresos acompañados de un código QR con apariencia oficial.
López Ordóñez aseguró que la operación habría funcionado desde oficinas localizadas en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, donde supuestamente se procesaban los datos personales de los solicitantes. Según su testimonio, el costo por cada certificado rondaba los 500 dólares, equivalentes a aproximadamente 9 mil pesos mexicanos al tipo de cambio de aquel momento.
Las estimaciones expuestas por el denunciante sostienen que la red habría alcanzado a más de 27 mil personas, con ingresos que podrían ascender a cerca de 250 millones de pesos. De acuerdo con la acusación, la mayoría de los pagos se realizaban en efectivo.
Juan José López Ordóñez afirmó que decidió hacer públicas las acusaciones debido a que ya no teme represalias y considera que los hechos deben ser conocidos por las autoridades. Aunque aseguró haber tenido conocimiento de la presunta operación por la relación comercial que mantenía con algunas de las personas señaladas, negó haber participado en la venta o distribución de los certificados.
Por su parte, el abogado Gerardo Rincón, representante legal del denunciante, indicó que estas revelaciones se producen en un contexto donde existen otros procedimientos y controversias legales vinculados con algunas de las personas mencionadas. Asimismo, señaló que la posible falsificación de documentos oficiales y el acceso no autorizado a sistemas gubernamentales podrían constituir delitos de carácter penal.