El legendario cantante Julio Iglesias ha iniciado acciones legales contra la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por declaraciones que considera gravemente injuriosas y calumniosas. El equipo legal del artista, encabezado por el abogado José Antonio Choclán, presentó una demanda de conciliación ante los tribunales de primera instancia en Madrid este 24 de febrero.
Las acusaciones que motivan la demanda provienen de una publicación que Yolanda Díaz realizó el 13 de enero de 2026 en su cuenta de la red social Bluesky (@yolandadiaz.bsky.social). La vicepresidenta compartió una noticia titulada “Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales” y añadió su propio comentario: “Escalofriantes testimonios (…) Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”.
Al día siguiente, el 14 de enero de 2026, durante una entrevista en el programa ‘La Hora de la 1’ de RTVE, Díaz reiteró y amplió estas afirmaciones al debatir públicamente la denuncia contra el cantante, atribuyéndole directamente un régimen de abusos sexuales y esclavitud laboral.
El escrito presentado por el abogado José Antonio Choclán insta a la vicepresidenta a rectificar públicamente sus manifestaciones, reconocer el carácter gravemente injurioso y calumnioso de sus palabras, admitir que se produjo un indebido juicio paralelo por parte de una autoridad pública y, finalmente, indemnizar a Julio Iglesias en la cantidad que determine el tribunal por el grave daño social causado a su honor, imagen y reputación. La defensa califica las declaraciones como posibles delitos de injurias con publicidad y calumnias. Si Díaz no acepta la conciliación ni se retracta, el cantante advierte que interpondrá una querella penal en su contra.
En caso de que los tribunales encuentren culpable a Yolanda Díaz tras una eventual querella por injurias o calumnias con publicidad, podría enfrentar multas económicas según la gravedad y la difusión de las declaraciones, obligación de retractación pública, indemnización por daños al honor, cuantificada por el impacto reputacional y, en escenarios más graves aunque menos frecuentes en este tipo de delitos, penas de prisión o inhabilitación. La mayoría de estos casos se resuelven con multas y retractación pública.
El origen de las declaraciones de Díaz está en una investigación periodística publicada en enero de 2026, principalmente por elDiario.es en colaboración con medios internacionales. Dos extrabajadoras, una exempleada doméstica y una exfisioterapeuta, identificadas bajo seudónimos acusaron al cantante de presuntos abusos sexuales —incluyendo penetraciones no consentidas y normalización del abuso—, así como de un ambiente de coerción, intimidación, acoso continuo, vejaciones físicas y verbales, y humillaciones en sus residencias de República Dominicana (Punta Cana) y Bahamas (Lyford Cay), con hechos ocurridos en 2021.
Una ONG presentó la denuncia en España ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por presuntos delitos de agresión sexual, trata de personas y otros. Sin embargo, el 23 de enero de 2026 la Fiscalía archivó la causa por falta de jurisdicción española: los hechos ocurrieron en el extranjero sin vínculos relevantes con España según los criterios del Tribunal Supremo. La denuncia no fue admitida a trámite ni investigada en fondo en territorio español.
Julio Iglesias negó rotundamente las acusaciones en un comunicado emitido días después del estallido mediático, calificándolas de falsas y asegurando que nunca ha coaccionado ni faltado al respeto a ninguna mujer.
Esta demanda de conciliación representa un giro importante en el caso, que ahora se centra en las declaraciones públicas realizadas por una alta funcionaria del gobierno español.
