Llegar a casa y mantenerse dentro de ella para prevenir el contagio del coronavirus (COVID-19) resulta sencillo para quienes tienen una. No obstante, en esta historia existe un sector que perdió todo cuando salió de su país y le cerraron las fronteras: la población migrante proveniente de Centroamérica, quien ha quedado a la deriva y sin retorno.
Desde mediados de marzo, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras solicitaron al gobierno mexicano detener las repatriaciones de migrantes para evitar la propagación del COVID-19 en los países centroamericanos. Con ello, no sólo se paralizó el tránsito al “sueño americano”, también se incrementaron los riesgos que todos los días enfrentan estos grupos vulnerables.
La coordinadora ejecutiva de la Coalición Pro Defensa del Migrante, A.C., Esmeralda Siu, relató a Notimex que la emergencia sanitaria por coronavirus ha tornado aún más complicada la situación de los grupos en tránsito, ya que quienes desean regresar a su país de origen ya no tienen forma de hacerlo y aquellos detenidos por las autoridades muchas veces se niegan a recibir ayuda o prefieren seguir su camino.
Según información del Instituto Nacional de Migración (INM), más de 21 mil migrantes quedaron varados en México desde la llegada de la pandemia al continente americano, de los cuales 12 mil 500 se encuentran en el norte del país y nueve mil en el sur.
Albergues con cupo limitado, trámites sin posibilidad de retroceder o avanzar, nuevos casos de coronavirus cada día, cierre de espacios de atención a migrantes, saturación de los centros de detención y mecanismos exhaustivos de prevención era el panorama que esperaba México, un país de tránsito, ante la crisis.
Este escenario llevó a organizaciones civiles defensoras de migrantes a solicitar una estrategia por parte del gobierno mexicano para atender y garantizar los derechos de este sector en medio de la emergencia, lo que incluía analizar con detenimiento la viabilidad de las deportaciones, así como la implementación de exámenes preventivos, informó Siu.
Bajo estos criterios, Siu explica que los albergues de la zona fronteriza con Estados Unidos se han visto obligados a ya no recibir más migrantes en sus instalaciones para facilitar la sana distancia, por lo que quienes llegan a los puntos de apoyo de la sociedad civil son trasladados, cuando ellos acceden, a los Centros Integradores de Migrantes (CIM).
En enero de 2020, el programa denominado Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), coloquialmente conocido como “Quédate en México”, cumplió un año de brindar asilo a migrantes centroamericanos mientras esperan la resolución de sus solicitudes de ingreso a Estados Unidos. Esto, sin imaginar la pandemia que se avecinaba.
El programa ha generado polémica entre organizaciones civiles como la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJED) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) quienes protestaron contra el mismo por llevar a los grupos en tránsito a regiones del país donde su vida corre peligro.
Sin embargo, ahora ese no es el único problema, sino que la propagación del coronavirus y el cierre de cualquier procedimiento migratorio de retorno a Centroamérica o de ingreso a Estados Unidos está detenido, lo que ha convertido a México en una especie de “tercer país seguro”, al menos hasta que la pandemia se extinga.
Este término está basado en los principios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 e implica que un país puede negar asilo a una persona y remitirla a un tercer país, considerado “seguro”. Aunque en la teoría, México ha rechazado tajantemente esta modalidad, el COVID-19 ha colocado grandes retos al frente.
La pandemia ha puesto a México a prueba conforme los países vecinos cierran sus fronteras a sus propios connacionales. Según informó Esmeralda Siu, existe un trabajo colaborativo entre organizaciones civiles e instancias migratorias. Sin embargo, la emergencia ha rebasado el cupo permitido por la sana distancia y, de no abrirse las fronteras pronto, quienes no puedan ser atendidos podrían quedar a la deriva también al interior del país.
A pesar de la inmensa tarea que representa atender a los sectores vulnerables frente a la pandemia, la Coalición Pro Defensa del Migrante, con presencia en el norte del país desde 1996, informó que en las últimas semanas se han desarrollado protocolos de prevención y atención.
Siu relató a Notimex que los albergues, CIM y refugios trabajan para evitar que los migrantes se expongan a más riesgos de los que ya enfrentan en su camino a Estados Unidos. La mayoría se ha apegado a un plan definido desde antes del 23 de marzo para adoptar medidas sanitarias y evitar la sobrepoblación en los albergues.
Además, comentó que tienen un protocolo para atender un posible caso de coronavirus en los espacios de refugio, donde existe un acompañamiento del sector salud para canalizar inmediatamente a quienes presenten algún síntoma a los centros de atención médica correspondientes.
A estas alturas de la contingencia, México se encuentra ante el reto de otorgar un refugio temporal a quienes su regreso a casa les fue negado por un enemigo invisible que ha contagiado ya a cerca de dos millones de personas en todo el mundo, sin distinción de género, raza o clase social.
Con información de Notimex.
