El Pleno del Senado aprobó con 78 votos en favor, cuatro en contra y 30 abstenciones, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública enviada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador cuyo objetivo es devolver a la sociedad la paz y la tranquilidad, ante los altos índices de inseguridad y el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado.
Momentos antes, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, compareció ante las y los legisladores para explicar las líneas de acción y objetivos de este plan.
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La presidenta en turno de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, explicó que el pasado 15 de abril se recibió de la Secretaría de Gobernación un adendum y un nuevo texto que incluye nuevos elementos para la citada Estrategia. Al siguiente día, informó, el documento fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública y publicado en la gaceta y portal del Senado.
Asimismo, mencionó que la Junta de Coordinación Política remitió un acuerdo para la incorporación al dictamen del adendum y las modificaciones, el cual fue aprobado por la asamblea.
El texto asegura que la Estrategia funcionará en un marco de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, para atacar el origen estructural de la delincuencia, el crimen organizado, la violencia y, en general, todos los aspectos que puedan poner en riesgo la seguridad pública.
Estará alineada a las diversas disposiciones que se vinculan con la seguridad pública, seguridad nacional, derechos humanos, protección civil, responsabilidad hacendaria, sistema de justicia penal e instrumentos internacionales.
Refiere que en la persistencia e incremento de la pobreza, la marginación y la falta de servicios educativos y de salud, se encuentra la base del auge delictivo que enfrenta el país. La prevalencia de la corrupción es la razón primaria de su descontrol, crecimiento y de la imposibilidad de contrarrestarlo e incluso de contenerlo.
Por ello, más allá de ampliar el catálogo de las prohibiciones vigentes, incrementar las sanciones y construir nuevas cárceles, se busca ensanchar la soberanía de los individuos y de las colectividades, edificar escuelas y hospitales y diseñar sistemas eficaces de reinserción para los infractores.
Se plantea que la violencia política y social sólo se resolverá con diálogo, racionalidad, transparencia y decisiones públicas que respondan a las demandas sociales.
El instrumento tiene los objetivos de erradicación de la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; pleno respeto y promoción de los derechos humanos; regeneración ética de la sociedad; reformular el combate a las drogas; emprender la construcción de la paz; recuperación y dignificación de los centros penitenciarios.
También establece estrategias específicas dirigidas a un nuevo modelo policial; la prevención del delito; focalización en regiones y participación ciudadana; nuevos criterios de distribución de los recursos federales en materia de seguridad; estrategia de combate al mercado ilícito de hidrocarburos.
Asimismo, plantea una estrategia de combate al uso de operaciones con recursos de procedencia Ilícita, defraudación fiscal y finanzas de la delincuencia organizada, así como el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el abatimiento de estos delitos.
Con ellas, se buscará agilizar los procedimientos de extinción de dominio y utilización social de los bienes confiscados a la delincuencia; combatir el robo a autotransporte y pasajeros en carreteras; y abatir el tráfico de armas.
