• Responde en tiempo y forma al citatorio para comparecer ante la Cámara de Diputados
• Solicita el sobreseimiento del procedimiento; ha sido viciado de origen
• Si insisten en continuar con el juicio político, diputados incurren en una responsabilidad tanto jurídica como política
A través de sus representantes legales, Rosario Robles Berlanga presentó en tiempo y forma ante la Sección Instructora de Juicio Político de la Cámara de Diputados, su contestación al citatorio para comparecer ante dicha instancia legislativa.
Con fundamento en el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la exfuncionaria envió un documento mediante el cual solicita el sobreseimiento del procedimiento que “ha estado plagado de inconsistencias, irregularidades y violaciones procesales”.
En el escrito ingresado la mañana de este martes, los abogados Epigmenio Mendieta, Julio Hernández Barros y Javier Sánchez Rojas expresan su “más enérgico rechazo al escarnio y a la sistemática violación de Derechos Humanos de la cual está siendo víctima nuestra representada”.
Y agregan: “venimos a solicitar el sobreseimiento del presente procedimiento de juicio político, derivado de la notoria y manifiesta improcedencia”, debido a que, en principio, violan su derecho humano de presunción de inocencia reconocido tanto por la Constitución, como por diversos tratados internacionales suscritos y ratificados por México.
Los abogados advirtieron que en caso de que los diputados insistan en continuar con el juicio político, aún a sabiendas de que lesionan de manera irreparable los derechos humanos de Robles Berlanga, “también incurren en una responsabilidad tanto jurídica como política, la cual se hará valer en el momento procesal oportuno y ante las instancias nacionales e internacionales competentes. Esto, además de la responsabilidad patrimonial en la que pudiera incurrir el estado mexicano”.
En este sentido, señalaron que con el juicio político iniciado se violenta el derecho humano de certeza y seguridad jurídica por carecer de materia y de objeto.
Lo anterior, “porque resulta materialmente imposible la destitución de la enjuiciada” ya que ella no desempeña actualmente ningún cargo público; además, de que “también ya fue –injusta y arbitrariamente- inhabilitada” por la Secretaría de la Función Pública.
Por ejemplo, citaron que la Comisión de Puntos Constitucionales nunca fue convocada a la instalación de la subcomisión de examen previo, “lo que implica una transgresión al segundo párrafo del Artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 3º fracción IV y 155 del Reglamento de la Cámara de Diputados, dando como resultado la nulidad de la respectiva sesión”.
Por otro lado, en el seno de la subcomisión de examen previo, existen 127 denuncias de juicio político pendientes por desahogar en contra de diversas personas, que fueron presentadas antes que las instauradas en contra Rosario Robles. Sin embargo, esas denuncias pendientes “no han sido tramitadas, y en cambio, de buenas a primeras, se comenzó a dar todo el impulso procesal necesario para enjuiciar de manera exprés a nuestra representada”.
En el documento, los abogados observan también las siguientes violaciones procesales:
• Indebidamente la Cámara de Diputados dio trámite a una denuncia de juicio político del 23 de abril del año 2013, cuando el artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que las sanciones deberán aplicarse en un plazo no mayor a un año a partir de iniciado el procedimiento, lo que quiere decir que el procedimiento de juicio político que hoy nos ocupa, debió de concluir a más tardar el 23 de abril del 2014. De lo contrario, cualquier sanción que se imponga a la hoy denunciada, será ilegal y por lo tanto será una franca violación a sus derechos fundamentales.
• La denuncia de juicio político de 2013 no fue ratificada por el entonces diputado Silvano Aureoles Conejo, hoy gobernador de Michoacán, situación que pone en evidencia la violación al principio de debido proceso legal, puesto que dicha denuncia debió ser ratificada antes de que la hoy denunciada fuera informada de la materia de esta.
• No existe evidencia (ni convocatoria formal y mucho menos acta) de la sesión de la sección instructora donde se decidió dar trámite al Juicio Político, lo que es totalmente ilegal y nulo de pleno derecho. A la misma no se convocaron a los diputados de la sección instructora y en lo particular se tiene conocimiento que se omitió convocar en términos del reglamento respectivo a la diputada Ivonne Liliana Álvarez García.
• El presidente y la secretaria de la sección instructora deliberadamente incumplieron con el procedimiento legislativo consistente en la emisión de una convocatoria para la reunión de trabajo, lo que hace sospechar que la misma se hizo en lo obscuro, “a modo”, y con la única finalidad de perjudicar los derechos de la parte procesada, dado el clima de linchamiento que se vive en contra de su persona, ya que con ella se pretende evidenciar y hacer escarnio de administraciones pasadas.
• No se le corrió traslado a la procesada con las documentales aportadas por los denunciantes, junto con sus escritos de denuncia, por lo que ella quedó materialmente indefensa.
Los abogados afirman que el proceso de enjuiciamiento en contra de Rosario Robles Berlanga es insostenible por sus vicios, “ya que el mismo violenta todas las formalidades esenciales que las autoridades están obligadas a satisfacer, antes de lesionar de manera irreparable los derechos de los gobernados”.
