Los gobiernos federal, estatal y municipal ofrecieron una Disculpa Pública por los abusos y violaciones en el manejo de la masacre en Allende, Piedras Negras y la región norte de Coahuila, en marzo de 2011, donde alrededor de 300 personas fueron asesinadas o desaparecidas por Los Zetas en complicidad con las autoridades.
“El presidente de México nos instruyó a ver a las víctimas a los ojos, a no escondernos ante su justificado enojo, a pedir disculpas como Estado y a realizar todo lo que esté en nuestras manos para reparar los agravios individuales y colectivos”, recalcó la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Durante el acto solemne realizado en la plaza principal de Allende, la encargada de la política interior del país sostuvo que su presencia en la Disculpa Pública obedece a respaldar a las autoridades de investigación y procuración de justicia en sus pesquisas, conocer quiénes participaron en la masacre y castigar a los responsables.
“Para que los hechos no se repitan y deje de reinar la impunidad es necesario seguir investigando en todos los niveles de gobierno, de arriba hacia abajo hasta encontrar a los culpables”, subrayó frente a decenas de mujeres y hombres que acudieron con las fotografías de sus familiares que aún se encuentran desaparecidos.
Sánchez Cordero mencionó que si bien el acto obedece a la recomendación 10VG-2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), no se trata de un evento protocolario, sino de una convicción personal e institucional.
Abundó que, si bien la recomendación no es vinculatoria, y es dirigida a la Fiscalía General de la República, el Gobierno de Coahuila y a la Presidencia Municipal de Allende, la Secretaría de Gobernación mantendrá la disposición de apoyar en lo que sea necesario para garantizar el derecho de las víctimas y que puedan ser reparadas de manera integral.
Durante el enveto donde se develó una placa por los hechos ocurridos en 2011, se recordó que en la actualidad no existe claridad sobre el número de personas, incluidas niñas y niños, que fueron asesinadas, aunque algunas fuentes citan a hasta 300 víctimas.
“Hoy a nombre del republicano ayuntamiento del Municipio de Allende, Coahuila, expreso mi más sincera disculpa pública por la omisión por parte del Estado Mexicano en salvaguardar y proteger sus derechos humanos de sus gobernados”, sostuvo el alcalde, Alberto Alvarado Saldívar, quien reconoció que se cometió un crimen de lesa humanidad.
En tanto, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, aseguró que los hechos de violencia no volverán a repetirse, pues, dijo, la delincuencia se enfrentará con todo el peso de la ley para que nunca más la ciudadanía sea víctima de desapariciones, torturas o detenciones arbitrarias, “cero tolerancia a la operación y presencia del crimen organizado en esta entidad”.
Por su parte, el Primer Visitador General de la CNDH, Ismael Estrada Pérez, lamentó que subsista la falta de investigaciones ministeriales homogéneas para la búsqueda, localización y sanción de los responsables de la desaparición de personas, “lo cual refleja un problema estructural en materia de procuración de justicia en el país”.
Detalló que la aceptación de la recomendación 10VG-2018 también incluye el compromiso de implementar las medidas necesarias y suficientes que faciliten el proceso de búsqueda de las víctimas, el establecimiento de garantías de no repetición, así como la elaboración de un censo de las víctimas.
Durante el evento, la Silvia Eugenia Garza del colectivo “Familias Unidas de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas”, lamentó que hasta ahora en ninguna de las reuniones del seguimiento a la Recomendación de la CNDH haya estado presente en gobernador, Miguel Riquelme, por lo que le solicitó a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero una reunión privada “para que conozca la verdad”.
