La Cámara de Senadores recibió formalmente una iniciativa de reforma constitucional enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de feminicidio que permita homologar la tipificación del delito, los protocolos de investigación y las sanciones en todo el país.
La propuesta plantea modificar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente la fracción XXI, inciso a, con el fin de incluir el feminicidio entre las materias sobre las cuales el Congreso puede emitir leyes generales. Con esta modificación, el Poder Legislativo federal tendría la facultad de establecer un marco jurídico nacional que obligue a las entidades federativas a armonizar sus códigos penales y procedimientos en torno a este delito.
Actualmente, el feminicidio está tipificado tanto en el Código Penal Federal como en los códigos penales estatales, pero su definición, agravantes y sanciones varían entre entidades, lo que ha generado diferencias en la investigación y persecución del delito. La iniciativa busca corregir esta disparidad mediante una legislación general que establezca criterios mínimos obligatorios para todo el país.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que la propuesta será turnada a comisiones para su análisis y discusión en el Congreso. Señaló que el debate legislativo se centrará en determinar las facultades del Congreso para emitir una legislación general que obligue a los estados a armonizar sus marcos jurídicos. De acuerdo con la senadora, la intención es avanzar hacia un marco legal que permita legislar para que “nunca más una mujer muera con violencia por el solo hecho de ser mujer”.
Durante la conferencia matutina del gobierno federal en la que se presentó la propuesta, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, explicó que la iniciativa contempla la creación de una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio. Entre los principales puntos del proyecto se encuentran penas de entre 40 y 70 años de prisión para quienes cometan este delito, así como la posibilidad de que el feminicidio sea considerado un delito imprescriptible.
Godoy detalló que la propuesta incluye una definición homologada de las llamadas “razones de género”, elemento central para acreditar el feminicidio, además de establecer hasta 21 agravantes que podrían incrementar las sanciones, entre ellas que la víctima sea menor de edad, esté embarazada, tenga alguna discapacidad, sea periodista o defensora de derechos humanos, o que el agresor sea servidor público. También se contemplan sanciones adicionales como la pérdida de la patria potestad y de derechos sucesorios para los responsables.
Otro de los elementos clave de la iniciativa es obligar al Ministerio Público a investigar desde el primer momento toda muerte violenta de una mujer bajo el protocolo de feminicidio, con perspectiva de género, con el objetivo de evitar que los casos sean clasificados erróneamente como suicidios, homicidios simples u otras figuras penales.
La propuesta también contempla la creación y fortalecimiento de fiscalías especializadas en feminicidio, así como mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno para mejorar la prevención, investigación y sanción de este delito. De acuerdo con el gobierno federal, la iniciativa retoma experiencias aplicadas previamente en la Ciudad de México para mejorar los protocolos de investigación y combatir la impunidad.
La reforma constitucional es el primer paso para que el Congreso de la Unión pueda expedir la Ley General en materia de feminicidio. En caso de ser aprobada por el Poder Legislativo federal y posteriormente por la mayoría de los congresos estatales, el país contaría por primera vez con un marco legal unificado para enfrentar este delito en todo el territorio nacional.
