La difusión de un video en redes sociales desató una nueva controversia en torno a la ahora senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, por presuntas prácticas de sacrificio masivo de animales durante su gestión como presidenta municipal de Tecámac, Estado de México, cargo que ocupó en dos periodos consecutivos entre 2019 y 2024.
El material fue compartido por la activista Zyanya Polastri, quien señaló que durante la administración municipal se habrían sacrificado más de 10 mil perros y gatos en el Centro de Bienestar Animal de Tecámac. En el video, presuntamente grabado en octubre de 2025, se observa a Gutiérrez Escalante en una discusión con funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México y de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, quienes cuestionan la legalidad de dichas acciones.
Durante el intercambio, la senadora reconoce que sí se realizaron sacrificios de animales, aunque asegura que estos se llevaron a cabo conforme a la normativa vigente y como parte de una estrategia para el control de la sobrepoblación de animales en situación de calle. En sus declaraciones, sostiene que las acciones fueron reportadas en informes de gobierno y niega que se haya tratado de decisiones arbitrarias o fuera del marco legal.
Por su parte, personal de PROPAEM que aparece en el video sostiene que las prácticas no habrían cumplido con los protocolos establecidos, al señalar la ausencia de diagnósticos clínicos previos y de personal debidamente capacitado para ejecutar los procedimientos. Asimismo, refieren posibles violaciones a normas oficiales mexicanas que prohíben el sacrificio de animales sanos por causas atribuibles a negligencia administrativa o falta de recursos.
En México, el manejo de fauna urbana y el control de sobrepoblación animal están regulados por diversas disposiciones, entre ellas la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014, que establece métodos para dar muerte a animales domésticos y silvestres garantizando un trato humanitario. Esta normativa permite el sacrificio en ciertos casos, pero bajo criterios estrictos, como enfermedad incurable, sufrimiento evidente o riesgos sanitarios, y siempre bajo supervisión profesional.
El caso ha generado reacciones en redes sociales y entre organizaciones defensoras de animales, que exigen transparencia, rendición de cuentas y, en su caso, sanciones si se comprueba que hubo incumplimiento de la ley. También ha reavivado el debate sobre las políticas públicas para el control de animales en situación de calle, particularmente en municipios con alta densidad poblacional como Tecámac.
