Nuevas conversaciones atribuidas a Sergio Carmona, empresario tamaulipeco asesinado en 2021 y señalado como presunto operador del llamado huachicol, apuntan a un posible financiamiento de actividades a favor de Andrés Manuel López Obrador durante el proceso de revocación de mandato de 2022.
Los mensajes fueron difundidos por Miguel Meza, fundador de la plataforma Narcopolíticos, como parte de una serie de conversaciones que, según afirma, fueron recuperadas de los teléfonos de Carmona. La tercera entrega fue presentada en entrevista con la periodista Azucena Uresti.
De acuerdo con lo expuesto por Meza, en los mensajes aparece la entonces diputada federal y actual senadora de Morena, Olga Sosa, quien presuntamente habría coordinado con Carmona parte de la logística para promover la continuidad de López Obrador en Tamaulipas.
En uno de los mensajes difundidos, Sosa le habría dicho a Carmona que él estaba a cargo de la revocación de mandato en Tamaulipas. También aparecen referencias a la organización de eventos y a la movilización de personas para participar en actividades relacionadas con la consulta.
La revocación de mandato se realizó el 10 de abril de 2022. De acuerdo con los resultados oficiales, la opción para que López Obrador continuara en la Presidencia obtuvo 15 millones 159 mil 323 votos, equivalentes al 91.86 por ciento de los sufragios emitidos. La participación nacional fue de 17.77 por ciento.
Las revelaciones también señalan que Carmona habría entregado recursos para otras operaciones políticas en Tamaulipas. Según las conversaciones difundidas, Sosa habría solicitado dinero en efectivo para pagar publicaciones en medios de comunicación y habría hablado de contratar una red de aproximadamente dos mil bots para atacar a rivales políticos de Américo Villarreal durante la disputa interna de Morena por la candidatura a la gubernatura.
Estos nuevos señalamientos sobre el supuesto financiamiento de Carmona provienen de conversaciones difundidas por Miguel Meza y no constituyen por sí mismos una resolución judicial que determine la responsabilidad de las personas mencionadas. El propio reporte de Azucena Uresti señala que la aparición de una persona en estos mensajes no equivale automáticamente a la comisión de un delito.
