La muerte de la chef mexicana Elisa Loyo Gutiérrez, ocurrida en Filipinas hace casi 18 años, volvió a cobrar relevancia luego de que un Tribunal Federal ordenara reabrir la investigación en México bajo la hipótesis de un posible feminicidio. La resolución obliga a la Fiscalía General de la República (FGR) a realizar una nueva indagatoria con perspectiva de género, al considerar que las autoridades nunca agotaron todas las líneas de investigación ni aplicaron los protocolos correspondientes para esclarecer la muerte de una mujer en circunstancias violentas.
Elisa Loyo Gutiérrez, chef mexicana con nacionalidad también canadiense, tenía 25 años cuando viajó a Filipinas para trabajar en el complejo turístico Fontana Leisure Parks and Casino, ubicado en Clark, provincia de Pampanga. El 26 de diciembre de 2008 fue encontrada sin vida dentro de una bodega del hotel, varios días después de que sus familiares perdieran contacto con ella. Desde un inicio, las autoridades filipinas manejaron la hipótesis de un suicidio por asfixia, aunque la familia rechazó esa versión y sostuvo que existían múltiples inconsistencias en la investigación.
Desde que ocurrió el fallecimiento, los familiares denunciaron presuntas irregularidades en el manejo de la escena, contradicciones sobre el lugar exacto donde fue localizado el cuerpo, omisiones en la preservación de evidencias y deficiencias en las diligencias realizadas por las autoridades filipinas. La familia insistió durante años en que Elisa no presentaba señales de querer quitarse la vida y pidió que el caso fuera investigado como un posible homicidio. La presión fue tal que, en 2009, la Cámara de Diputados de México aprobó un acuerdo para exigir al gobierno de Filipinas el esclarecimiento del crimen y respaldó las gestiones diplomáticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Durante estos años, Rosa de Guadalupe Gutiérrez Cabello, madre de Elisa, emprendió una larga batalla legal para que el Estado mexicano investigara el caso. De acuerdo con la familia, existen dos autopsias, peritajes y diversos indicios que nunca fueron valorados de manera integral y que apuntarían a que la joven pudo haber sido asesinada. Entre las pruebas que solicitan revisar nuevamente se encuentran las condiciones en las que fue encontrada la víctima, la reconstrucción de la escena y los dictámenes forenses elaborados tras su muerte.
El reciente fallo del Tribunal Federal concluyó que la investigación realizada en México fue insuficiente porque nunca descartó de manera objetiva la posibilidad de un feminicidio y tampoco se aplicaron los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar toda muerte violenta de una mujer con perspectiva de género. La resolución recuerda que, incluso cuando inicialmente se presume un suicidio o un accidente, las autoridades tienen la obligación de explorar todas las hipótesis antes de cerrar un caso.
Con esta determinación, la FGR deberá reabrir formalmente la carpeta de investigación, analizar nuevamente todas las pruebas disponibles, incorporar las evidencias que fueron desestimadas y realizar las diligencias necesarias para determinar si Elisa Loyo Gutiérrez fue víctima de un feminicidio. Para la familia, esta decisión representa la primera oportunidad en casi dos décadas de que el caso sea investigado de manera integral y con apego a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y violencia contra las mujeres.
