Hasta ahora, en México el delito de feminicidio no era investigado de la misma forma en todas las entidades federativas del país. Existían estados que ni siquiera contaban con la definición de este delito y otros que tenían sus propias penas y protocolos. Sin embargo, esto cambiará con la primera Ley General de Feminicidio en México.
El 14 de abril se aprobó por unanimidad en el Senado de la República la reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir la ley general en materia de feminicidio en México.
Se trata de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que la reforma no tendrá un impacto presupuestario adicional a lo contemplado para el ejercicio fiscal de este año. La mandataria destacó que es indispensable contar con una legislación nacional que consolide bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo México.
¿Qué se reformará?
El dictamen fue aprobado en el Senado con 109 votos a favor y dotará al Congreso de la Unión de facultades constitucionales para generar una legislación general orientada a establecer un “tipo penal homogéneo, sanciones y agravantes, homologar estándares de investigación con perspectiva de género”. En el documento se aseguró que se debe fortalecer la coordinación entre la Federación y las entidades, además de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, así como la reparación de daños.
En cuanto a cambios generales, la reforma a este artículo establece que existirán reglas que ninguna entidad federativa podrá modificar, por lo que en todos los estados de la República el delito de feminicidio será juzgado de la misma manera. Entre los cambios se contempló: una definición de feminicidio válida en los 32 estados; penas equivalentes y agravantes bajo los mismos criterios; investigación con perspectiva de género; protocolos unificados para policías, fiscales y peritos; y coordinación obligatoria.
¿Qué ocurrirá con los hijos de las víctimas?
En el texto del dictamen se señaló que se debe contemplar una protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, debido a que enfrentan afectaciones emocionales, sociales y económicas que comprometen el ejercicio de sus derechos. Por ello, la ley contempla que el Estado debe reforzar la protección de esta población y garantizar una atención integral que incluya acceso a servicios de salud física y mental, educación y mecanismos de reparación del daño.
Con esta estipulación se consideró, por primera vez, que los feminicidios no solo acaban con la vida de las víctimas, sino que también destruyen la composición de familias enteras y afectan a corto y largo plazo la vida de las infancias que son víctimas indirectas de este tipo de delito.
¿Cuál es el siguiente paso de la ley?
El dictamen será enviado a la Cámara de Diputados para su aprobación y, si se llegase a aprobar, deberá ser avalado por al menos 17 congresos estatales para que oficialmente se pueda emitir la Ley General de Feminicidio en México. La reforma busca, además, prevenir y reparar los daños del crimen que afecta al menos a 10 mujeres en el país por día.
Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, expuso que la ley es de trascendencia histórica, pues habla de vidas que ya no están y de las que aún podrían ser salvadas cuando entre en vigor. Por otro lado, Enrique Inzunza Cázares, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, sostuvo que la reforma era una decisión de Estado necesaria, pues con el diseño actual no se ha logrado combatir el delito de manera uniforme. Inzunza añadió que la impunidad de este delito no solo “ha generado dolor” a las mujeres víctimas de feminicidio, sino también a las mujeres y personas que las rodean.
Por su parte, la senadora Cecilia Guadiana remarcó la necesidad de consolidar una agenda que ayude a garantizar una verdadera igualdad sustantiva y de acceso pleno a la justicia, así como una vida libre de violencias. Martha Lucía Micher Camarena, también senadora, puntualizó que el feminicidio no admite demoras, pues se trata de la vida de mujeres. Llamó a la elaboración de medidas integrales, ya que este delito es una grave violación de derechos humanos.