MEXICALI.- El Gobierno de Baja California, a través de la Consejería Jurídica y la Secretaría de Hacienda, presentó denuncias penales en contra de ex funcionarios de la pasada administración estatal, derivado de un probable daño al erario por el orden de los 12 mil millones de pesos, derivados de los compromisos adquiridos para la construcción de una planta fotovoltaica por parte de la empresa Next Energy de México y de la cual no se logró acreditar que su construcción se hayan realizado.
En conferencia de prensa, el secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexia, puntualizó que el contrato entre el anterior Gobierno Estatal y Next Energy es “totalmente desventajoso” para las finanzas públicas de Baja California, además de que está mal planteado desde la perspectiva jurídica, el proceso administrativo y las condiciones financieras que imperan en la entidad.
También hizo énfasis en que, en el terreno donde se supondría que Next Energy construirá una planta fotovoltaica, no registra ningún avance físico, además de que el proyecto tampoco tiene avances financieros, por lo que se trata de recurso público invertido en un proyecto que, así como se ha desarrollado, tiene un nulo beneficio para las y los bajacalifornianos.
En términos concretos, Moreno Mexia expuso que el acuerdo hecho por la pasada administración arriesga el 19.5 por ciento de las participaciones federales del Estado para un fideicomiso destinado a garantizar el pago del Gobierno de Baja California, y puso como ejemplo lo sucedido en febrero pasado, cuando el Fideicomiso Afirme retuvo más de 123 millones de pesos por este acuerdo establecido desde hace un par de años.
Por lo anterior, el secretario manifestó que la no construida planta fotovoltaica de Next Energy “representa un riesgo extremo para el financiamiento futuro del Estado”, ya que incluso pretendía captar recursos de los organismos operadores del agua que operan en la entidad.
Por su parte, que el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Juan José Pon, agregó que se presentó una demanda de lesividad con el enfoque de cancelar las entregas al fideicomiso, consiguiendo ya una suspensión de dicha obligación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Se trata, dijeron ambos funcionarios, de una serie de acciones legales para contener el efecto del contrato de manera definitiva.
Asimismo, se presentó un recurso de responsabilidad administrativa a ex funcionarios, además de una denuncia penal en contra de quienes actuaron de manera indebida, bajo la premisa de que las acciones ejecutadas entre 2020 y 2021 colocan a la entidad bajo un riesgo financiero elevado, que no será permitido por parte de las autoridades estatales, que están comprometidas con la transparencia y con combatir la corrupción en todas sus formas.
Moreno Mexia informó que la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, instruyó que se tomaran las decisiones que fueran necesarias para que la administración no esté obligada a hacer un re pago a una inversión que Next Energy no ha hecho, y así lo evidencian recorridos hechos tanto en la zona donde no hay construcción como al supuesto domicilio de la compañía, que se trata de una vivienda particular.
Pon agregó que, de acuerdo a especialistas, el contrato de la administración anterior con Next Energy no se ajusta a las condiciones actuales, debido a que el costo es de un 200 por ciento mayor al costo en el mercado, tratándose pues de un abuso a las y los contribuyentes de Baja California. Además, explicó que un acuerdo a 30 años no es viable ya que, debido a la renovación tecnológica, muchos de los dispositivos de la planta terminarán por ser obsoletos, arriesgando el suministro de energía eléctrica.
Finalmente, el secretario y el consejero coincidieron en que no se trata de cancelar una inversión afectando a la sociedad, sino más bien de proteger las finanzas públicas para destinar los recursos a acciones sustantivas que son prioridad para el gobierno que encabeza Marina del Pilar Avila Olmeda, además de dejar en claro que no se dará espacio a ningún acto de corrupción, al mismo tiempo que se le da un lugar privilegiado a la transparencia dentro de la agenda pública.
