La reforma electoral conocida como “Plan B” está a punto de convertirse en una modificación constitucional vigente en México. Luego de ser aprobada en fast track por el Congreso de la Unión y recibir el aval de al menos 17 congresos estatales, se prevé que el próximo 15 de abril el Poder Legislativo emita la declaratoria de constitucionalidad, con lo que se formalizará uno de los cambios político-electorales más relevantes del actual sexenio.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó que ya se alcanzó el número requerido de congresos locales que avalaron la reforma, por lo que el siguiente paso será que tanto el Senado como la Cámara de Diputados realicen la declaratoria constitucional. Posteriormente, el decreto será enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, momento a partir del cual entrará en vigor.
Hasta ahora, 19 congresos estatales han aprobado la reforma, entre ellos Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Baja California, Colima, Sinaloa, Puebla, Sonora, Baja California Sur, la Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz, Hidalgo, Nayarit y Tamaulipas, superando el requisito constitucional de la mitad más uno de las legislaturas locales.
El llamado “Plan B” electoral es un paquete de reformas impulsado originalmente durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y retomado en la actual administración, luego de que una reforma electoral más amplia no lograra los votos necesarios para modificar la Constitución en su momento. Este plan consiste en cambios a diversas leyes secundarias y, en su nueva etapa, ajustes constitucionales enfocados en la estructura y el costo del sistema electoral mexicano.
Entre sus objetivos principales se encuentra la reducción del gasto público en materia electoral y legislativa, mediante recortes a estructuras administrativas, disminución de presupuestos y eliminación de lo que el oficialismo considera privilegios en instituciones como el Instituto Nacional Electoral, los congresos estatales, los ayuntamientos y el propio Senado de la República.
De acuerdo con sus impulsores, la reforma busca hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, reducir la burocracia y acercar las instituciones a la ciudadanía. Sin embargo, desde su anuncio ha generado una fuerte controversia. Sectores de la oposición, especialistas y organismos civiles han advertido que algunos de sus cambios podrían debilitar la capacidad operativa del árbitro electoral, afectar la organización de elecciones y poner en riesgo contrapesos institucionales.
El proceso de aprobación también ha sido objeto de críticas debido a la rapidez con la que fue discutido y avalado tanto en el Congreso federal como en los congresos locales, lo que ha sido calificado por sus detractores como un procedimiento apresurado que limitó el debate público.
Con la declaratoria de constitucionalidad prevista para el 15 de abril, el Plan B entrará en una nueva etapa. Su implementación concreta dependerá de la publicación oficial y de las disposiciones reglamentarias que se deriven, así como de posibles impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se prevé que diversos actores busquen frenar o modificar algunos de sus alcances.
