Un nuevo caso de presunta corrupción sacude al sector educativo en Chiapas, luego de que salieran a la luz acusaciones sobre un posible desvío de recursos públicos por más de 35 millones de pesos a través de una red de pagos irregulares a personas fallecidas.
La señalada es Rosa Aidé Domínguez Ochoa, quien se desempeñó como titular de educación estatal durante el gobierno de Rutilio Escandón Cárdenas entre 2018 y 2024. De acuerdo con los señalamientos, durante su gestión se habrían autorizado pagos a supuestos maestros y jubilados que ya no estaban con vida, lo que apunta a la existencia de una “nómina fantasma”.
Las acusaciones derivan de investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en conjunto con la Secretaría Anticorrupción estatal, encabezada por Ana Laura Ramos Basurto. Los hallazgos preliminares sugieren que los recursos habrían sido canalizados de forma irregular, generando un daño considerable.
El caso ha generado indignación pública, especialmente tras la difusión de contenido audiovisual en redes sociales que expone el presunto esquema de desvío. En dichos materiales se cuestiona cómo fue posible que los controles administrativos permitieran transferencias a beneficiarios inexistentes o ya fallecidos, sin que se detectaran anomalías a tiempo.
Aunque hasta el momento no se ha confirmado una sentencia o proceso judicial en curso, las autoridades han señalado que se dará seguimiento al caso y que, de comprobarse las irregularidades, los responsables deberán enfrentar consecuencias legales, además de resarcir el daño económico.
Este escándalo vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control del gasto público en el sector educativo, así como la transparencia en el manejo de nóminas. En un contexto donde la rendición de cuentas es cada vez más exigida por la ciudadanía, el caso de Chiapas podría convertirse en un referente sobre el combate a la corrupción en administraciones estatales.
