Un espacio oculto dentro de una escuela primaria en Puebla encendió la alarma entre padres de familia, luego de que alumnos señalaran que ahí eran llevados como castigo. El hallazgo ocurrió en el Colegio Carrusel Magone, ubicado en la junta auxiliar de Romero Vargas, donde lo que parecía un salón más terminó revelando un sitio que hoy está bajo investigación por posibles abusos contra menores.
De acuerdo con testimonios recabados por padres, varios estudiantes relataron que cuando se portaban mal, eran conducidos a un lugar oscuro dentro del plantel. Estas versiones llevaron a los tutores a ingresar y revisar las instalaciones, donde encontraron un cuarto escondido, con acceso directo desde una de las áreas escolares.
El descubrimiento no solo confirmó la existencia del espacio, sino que también generó inquietud por sus condiciones. Padres denunciaron que el lugar presentaba características inusuales para un entorno educativo e incluso señalaron indicios de que alguien habría estado habitándolo, lo que incrementó la preocupación sobre su uso real.
Las acusaciones más graves apuntan a que este sitio habría sido utilizado para aplicar castigos a los alumnos, e incluso se habla de posibles agresiones. Sin embargo, hasta el momento, estas afirmaciones forman parte de testimonios y denuncias que ya son analizadas por las autoridades correspondientes.
Tras la difusión del caso, la Secretaría de Educación en Puebla informó que inició una investigación administrativa, mientras que la Fiscalía estatal fue notificada para determinar si existen elementos que configuren algún delito. Como medida preventiva, las actividades presenciales en el plantel fueron suspendidas.
El caso tomó mayor relevancia luego de que padres acusaran que, previo a la llegada de autoridades, se intentó vaciar el cuarto durante la noche, lo que consideran un intento por ocultar evidencia.
Hoy, el “cuarto oscuro” del Colegio Carrusel Magone se ha convertido en el centro de una investigación que busca esclarecer qué ocurría realmente en ese espacio. Mientras tanto, la exigencia de justicia crece entre las familias, que piden garantías de seguridad para los estudiantes y sanciones en caso de confirmarse las denuncias.
