Han pasado nueve meses desde la noche del 5 de abril de 2025, cuando Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, jóvenes fotoperiodistas y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, murieron tras el colapso de una estructura metálica durante el festival AXE Ceremonia, en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. Desde entonces, el tiempo se volvió una espera interminable para sus familias y un recordatorio incómodo para una industria que sigue operando mientras el duelo permanece latente.
Berenice cursaba un diplomado para titularse; Miguel estaba en su último año de carrera. Ambos colaboraban como fotoperiodistas en Mr. Indie, un medio independiente que les otorgaba acreditaciones para cubrir conciertos y festivales, pero sin salario, sin contrato y sin prestaciones de ley. Tras el accidente, el medio se deslindó de cualquier responsabilidad laboral, argumentando que no existía una relación formal y que los jóvenes trabajaban como freelancers, a cambio de “experiencia” y acceso a eventos.
La postura fue duramente criticada por familiares y el gremio periodístico, que denunciaron un modelo basado en trabajo gratuito, sin seguros ni protección, pese a tratarse de eventos de alto riesgo.
La indignación creció cuando, tras confirmarse la muerte de los fotógrafos, Mr. Indie continuó publicando historias en Instagram como si nada hubiera ocurrido. El comunicado de condolencias llegó casi 24 horas después, un silencio que muchos interpretaron como indiferencia.
En el terreno legal, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la investigación. El 23 de enero de 2026, informó que Ocesa y la empresa Servicios de Protección Privada Lobo fueron reconocidas como imputadas dentro de la carpeta por homicidio. No obstante, Ocesa negó públicamente haber sido imputada de manera formal, asegurando que no ha recibido notificación oficial, aunque su nombre figure en la investigación.
Este choque de versiones profundiza el dolor. Para el padre de Berenice, el proceso ha sido un “infierno ministerial”. En un comunicado, detalló que la ministerio público Mercedes Karina Granados Peralta determinó la calidad de imputadas a ambas empresas desde el 14 de enero y agregó que este resultado se logró “a pesar de que la fiscalía protege y encubre a Ocesa y Seguridad Privada Lobo”.
A casi un año del colapso, la memoria de Berenice y Miguel sigue viva en protestas, memoriales y preguntas incómodas. Porque detrás de los tecnicismos legales hay dos vidas truncadas y una exigencia clara: que la justicia no sea una palabra vacía.
