Se dio a conocer que diversos funcionarios de Morena presuntamente se han ofrecido a las autoridades de Estados Unidos como informantes debido a las recientes acusaciones en contra de integrantes del partido oficialista. El grupo de supuestos informadores incluye al menos una docena de gobernadores y miembros del Congreso de la Unión. La información se dio a conocer en un reportaje de The New York Times, el pasado 27 de junio.
De acuerdo con la investigación, algunos de los presuntos informantes buscan anticiparse a una posible investigación en la que ellos mismos podrían estar involucrados. No obstante, se dio a conocer que la Administración de Control de Drogas (DEA) también contactó de manera privada a funcionarios mexicanos con el fin de concretar colaboraciones en investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción y vínculos con los grupos del crimen organizado.
La colaboración entre los funcionarios del oficialismo se dio después de que, en abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió acusaciones en contra de diez funcionarios morenistas de Sinaloa por presuntamente formar parte de una red de narcotráfico vinculada a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa; acusaciones sobre las cuales el Gobierno Federal ha señalado que no se cuenta con las pruebas suficientes para ejecutar las órdenes de aprehensión solicitadas por las autoridades estadounidenses.
Tras la publicación de la investigación de The New York Times, Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, rechazó categóricamente los señalamientos en contra del partido oficialista y los calificó como una “narrativa de la ultraderecha nacional e internacional” que se ha construido durante años en contra del Movimiento de la Cuarta Transformación.
“Nosotros no somos cómplices de nadie, nosotros no vamos a encubrir a nadie, pero tampoco vamos a permitir que esta narrativa que se quiere instalar contra nuestro movimiento sea eso, una narrativa de la ultraderecha”, aseguró Montiel durante una conferencia de prensa. Indicó que esta campaña inició desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando comenzaron a llamarlo “narcopresidente”.
Debido a los recientes señalamientos en contra de funcionarios morenistas, la dirigente agregó que las asambleas en defensa de la soberanía nacional cobran “vital importancia” actualmente, pues aseguró que “la información, la verdad y el trabajo (deben estar) cerca del pueblo”.
Entre los nombres de los funcionarios que aparecen en la investigación del periódico estadounidense se mencionó a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y a Marina del Pilar Ávila, tras la difusión de un audio en el que se menciona una posible reunión con autoridades de dicho país.
Además, se mencionó al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, quien se encuentra entre los diez imputados por el Departamento de Justicia debido a su presunto vínculo con el grupo encabezado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa.
El reportaje de The New York Times formó parte de una serie de investigaciones sobre las relaciones de cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.