El gobierno de Javier Milei endureció las reglas migratorias de Argentina mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora nuevas causales para impedir el ingreso al país o disponer la expulsión de personas extranjeras que promuevan o inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad, así como a quienes ultrajen los símbolos patrios.
La decisión fue comunicada este jueves por la Oficina del Presidente, que justificó la modificación de la Ley de Migraciones 25.871 ante lo que calificó como recientes manifestaciones de hostilidad contra Argentina y los argentinos. El Gobierno sostuvo que la medida busca proteger la integridad social y el orden institucional del país.
“Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable”, señaló el comunicado oficial.
El texto agregó una advertencia directa: “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.
La nueva disposición contempla tanto a extranjeros que pretendan ingresar al territorio argentino como a quienes ya se encuentren en el país. De acuerdo con la información difundida sobre el DNU, las autoridades podrán considerar como causal de inadmisión o expulsión que una persona extranjera dirija o incite mensajes de odio, discriminación o violencia contra los argentinos por razón de su nacionalidad, además de actos considerados como ultraje a los símbolos patrios.
La normativa también establece una diferencia entre ese tipo de expresiones y las críticas protegidas por la libertad de expresión. Las críticas ideológicas, políticas o académicas no quedan comprendidas dentro de la nueva causal cuando se encuentran amparadas por ese derecho.
La decisión del gobierno de Milei llega después de una serie de controversias internacionales que se intensificaron durante el Mundial 2026. Tras la derrota de Argentina ante España en la final, comenzaron a circular en redes sociales críticas hacia la selección y hacia ciudadanos argentinos, entre ellas acusaciones relacionadas con racismo y supuestos beneficios recibidos por Argentina durante el torneo. A partir de esa discusión, Milei comenzó a sostener que detrás de las críticas existía una campaña organizada contra su país.
El presidente argentino habló sobre el tema el domingo 26 de julio durante una entrevista con Radio Mitre. En esa conversación aseguró que Brasil había financiado parte de la supuesta campaña y lanzó una acusación concreta: “¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiArgentina? El Gobierno de Brasil, el 25% de los recursos salió de ahí”.
Milei también señaló a México y al Partido Demócrata de Estados Unidos como participantes de la presunta operación. Según su versión, la campaña buscaba perjudicar la imagen de Argentina y cuestionar los resultados de su gobierno. Sin embargo, las acusaciones fueron realizadas sin que el mandatario presentara públicamente pruebas que demostraran la existencia de una operación coordinada financiada por esos gobiernos o por el Partido Demócrata.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó directamente las acusaciones de Milei. Al ser cuestionada sobre el supuesto financiamiento mexicano de una campaña contra Argentina, respondió: “Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo”. Sheinbaum agregó que su gobierno no acostumbra intervenir en asuntos internos de otros países.
Con el nuevo decreto, el gobierno argentino trasladó esa disputa política y diplomática al terreno migratorio. La modificación de la Ley de Migraciones establece ahora que determinadas expresiones consideradas como mensajes de odio, discriminación o violencia contra los argentinos por motivos de nacionalidad pueden convertirse en un motivo para impedir el ingreso de un extranjero o para disponer su expulsión del territorio.
El Gobierno de Milei defiende la medida bajo el argumento de que la soberanía estatal permite establecer las condiciones de ingreso y permanencia de personas extranjeras y que el Estado tiene la obligación de proteger el orden público, la seguridad y la cohesión social. El Ejecutivo sostiene además que la defensa de la Nación, de los argentinos y de los símbolos patrios constituye una prioridad que no está sujeta a negociación.
