En comunicado, la SRE protestó contra el hostigamiento tanto a su Embajada como a su Residencia Oficial; agradeció las muestras de solidaridad de varios países y representantes de organismos internacionales ante el acoso de policías y militares bolivianos alrededor de los inmuebles en aquel país, e hizo un llamado internacional por los tales hechos.
“(México) refrenda su llamado a la comunidad internacional a seguir condenando la intimidación de la que están siendo objeto la Embajada y Residencia Oficial de México en Bolivia, lo que constituye una flagrante violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Cuerpos de seguridad e inteligencia bolivianos continúan rodeando ambos recintos de México en La Paz, contrario a lo que han declarado funcionarios de ese país”, refirió la cancillería.
Denunció que éstos "han intentado detener el libre tránsito de la embajadora de México y del personal diplomático, mientras que oficiales motorizados siguen los desplazamientos de vehículos oficiales".
Ante esta situación el Gobierno de México exigió al de Bolivia cumplir con sus obligaciones internacionales y garantizar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, reiteró su llamado a cesar la política de hostigamiento y amedrentamiento.
📄México protesta por el asedio policial en sus recintos diplomáticos en Bolivia. https://t.co/WUonYWtTQD pic.twitter.com/ltuJbSkdL7
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) December 24, 2019
La policía de Bolivia demandó hoy la entrega de "las personas refugiadas" en la embajada de México en ese país, ya que "tienen que responder ante la justicia".
El comandante departamental de la policía de La Paz, William Cordero, afirmó que sus elementos no acosan a los exfuncionarios del depuesto presidente Evo Morales ni a los funcionarios diplomáticos mexicanos.
"Más bien ellos (los funcionarios mexicanos) deberían colaborar con la justicia boliviana y entregar a las personas que se refugian al interior de la legación diplomática", declaró este mediodía a la Agencia Boliviana de Información (ABI).
La posición del jefe policiaco sigue a la protesta pública de la cancillería mexicana por el exceso de vigilancia a sus instalaciones e inclusive intentos de revisión al vehículo en que se transportaba la embajadora mexicana María Teresa Mercado.
En la sede diplomática mexicana se encuentran nueve funcionarios del gobierno que encabezó Evo Morales hasta el pasado 10 de noviembre, cuando renunció a fin de evitar el derramamiento de sangre tras las protestas por los resultados que le daban la victoria en las presidenciales del mes anterior.
Del grupo que entró a las oficinas diplomáticas mexicanas el principal centro de interés es Juan Ramón Quintana, quien ocupaba el ministerio de Gobierno a la salida de Morales.
La fiscal Zartina Guardia aseveró el pasado 26 de noviembre que cuatro exfuncionarios del ministerio de la Presidencia ya habían rendido declaración y aportado indicios inculpatorios, por lo que liberó una orden de apremio para la presentación de Quintana.
Sin embargo, la cancillería mexicana recordó la víspera la inviolabilidad de las instalaciones de sus representaciones de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
De acuerdo al artículo 22 de ese instrumento: "Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión."
También se fija que "el Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad."
Y por último que "Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución".
Pero Cordero insistió en que "nosotros como Policía estamos cumpliendo con la misión constitucional, acatar y hacer cumplir las leyes, en este caso, existen mandamientos de apremio que debemos dar fiel cumplimiento para ponerlos antes las instancias del Ministerio Público".
Citó entre entre las personas refugiadas además de Quintana al exministro de Defensa, Javier Zavaleta; al de Justicia, Héctor Arce; de Culturas, Wilma Alanoca, además de otros ex servidores públicos del gobierno de Morales.
Todos están implicados en actos de sedición y terrorismo, los cuales son del conocimiento de los funcionarios diplomáticos mexicanos "por lo que deberían colaborar y entregar a esas personas para que se sometan a la justicia como cualquier otro boliviano".
Advirtió que sus elementos "permanecerán en los alrededores de la embajada, "lo que no significa acoso, ni violación a la inmunidad diplomática de México en Bolivia".
