Ciudad de México.- El tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó la inhabilitación por un año de Jaime “N”, exadministrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras comprobar que ocultó información en sus declaraciones patrimoniales y no pudo justificar un incremento superior a 1.5 millones de pesos en su patrimonio.
La resolución se derivó de una investigación realizada por la unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, instancia que acreditó que el exservidor público omitió reportar un aumento patrimonial por un monto de un millón 532 mil 425 pesos, recursos cuya procedencia no logró explicar durante el procedimiento administrativo correspondiente.
De acuerdo con las autoridades, la conducta del exfuncionario constituye una falta administrativa grave relacionada con la falsedad en las declaraciones de situación patrimonial, una obligación que todos los servidores públicos deben cumplir para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones.
La Aduana de Lázaro Cárdenas es considerada una de las más importantes del país debido a su relevancia estratégica para el comercio exterior mexicano, ya que concentra una importante actividad de importación y exportación de mercancías provenientes principalmente de Asia. Por ello, los controles patrimoniales y las auditorías internas son considerados mecanismos fundamentales para prevenir actos de corrupción dentro de las instituciones públicas.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, aunque el exadministrador cuenta con el derecho de impugnar la sanción mediante los recursos legales previstos en la ley, la dependencia defenderá la resolución emitida por el tribunal en caso de que ésta sea recurrida. Asimismo, reiteró su compromiso de fortalecer las acciones de vigilancia y combate a la corrupción dentro del servicio público federal.
Este caso se suma a las acciones impulsadas por las autoridades federales para reforzar la fiscalización del patrimonio de los funcionarios y consolidar una política de cero tolerancia frente a posibles irregularidades en la administración pública.
