José Arturo “A”, alias “Baltazar”, exintegrante de un grupo especial de seguridad en Tamaulipas, se fugó el pasado 3 de abril de 2026 durante su traslado a una audiencia judicial, presuntamente con ayuda de otros elementos, pese a estar acusado de participar en el asesinato de 19 migrantes guatemaltecos en 2021 en el municipio de Camargo; el objetivo de su traslado era continuar su proceso penal por homicidio calificado y abuso de autoridad, sin embargo, su escape ha reavivado cuestionamientos sobre posibles redes de complicidad dentro de las instituciones encargadas de impartir justicia.
El caso por el que “Baltazar” era procesado se remonta al 23 de enero de 2021, cuando 19 personas —en su mayoría migrantes provenientes de Guatemala— fueron asesinadas en Camargo, Tamaulipas, en una escena que estremeció al país: los cuerpos fueron hallados calcinados dentro de vehículos, lo que evidenció un nivel extremo de violencia y provocó indignación nacional e internacional. Las investigaciones posteriores señalaron la participación de policías estatales, convirtiendo el hecho en uno de los episodios más graves de violaciones a derechos humanos vinculadas a fuerzas de seguridad en México.
Con el avance de las indagatorias, varios elementos fueron detenidos y procesados, y en 2023 un grupo de policías recibió sentencias de hasta 50 años de prisión, lo que confirmó la implicación directa de corporaciones estatales en la masacre. José Arturo “A” fue identificado como uno de los presuntos responsables, vinculado a un grupo táctico con antecedentes de operaciones controvertidas, lo que reforzó la gravedad del caso y la necesidad de esclarecer completamente lo ocurrido.
Sin embargo, el reciente escape del exagente ha encendido nuevamente las alarmas. Su fuga, ocurrida mientras se encontraba bajo custodia, apunta a una posible colaboración interna, una hipótesis que cobró fuerza tras la detención de al menos dos policías procesales señalados por haber facilitado su huida. A la par, las autoridades activaron operativos de búsqueda y ofrecieron una recompensa para dar con su paradero, aunque hasta ahora no se ha informado de su captura.
Más allá de la evasión, el caso vuelve a poner en el centro del debate la fragilidad de los mecanismos de control dentro de las instituciones de seguridad y justicia. Las autoridades no descartan que familiares o incluso funcionarios hayan contribuido a la fuga, lo que abre nuevas líneas de investigación y profundiza las dudas sobre posibles redes de encubrimiento.
A más de tres años de la masacre, el caso Camargo continúa siendo un símbolo de la vulnerabilidad de los migrantes en su paso por México y de los riesgos de corrupción dentro de cuerpos de seguridad. La fuga de uno de los principales acusados no solo retrasa el avance judicial, sino que revive la exigencia de justicia para las 19 víctimas, en un país donde hechos de esta magnitud siguen dejando más preguntas que respuestas.
