El pasado 9 de abril se aprobó el Plan B de la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados y, con ello, se ampliaron las dudas en la sociedad civil sobre de qué se trata la iniciativa y, sobre todo, qué pasará con el Instituto Nacional Electoral (INE). La reforma busca reducir privilegios durante los procesos electorales mexicanos.
En la iniciativa se plantearon una serie de cambios a leyes secundarias de la Constitución mexicana, con los que se espera que se reduzcan los costos y se reconfigure la operación electoral.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha defendido el proyecto como un paso hacia la austeridad política, a pesar de que diversos críticos advirtieron riesgos sobre la capacidad operativa del INE. Además, el Plan B retomó ajustes que fueron planteados durante el anterior sexenio presidencial, al mando de Andrés Manuel López Obrador, los cuales proponen una reingeniería que impacta directamente en el instituto.
La reconfiguración del INE es uno de los puntos más relevantes del plan, pues contempla recortes administrativos, lo que implicaría menos personal y reorganización de funciones clave en procesos electorales. Se plantearon ajustes que podrían centralizar tareas de organismos locales; sobre este punto se ha debatido el equilibrio entre eficiencia y autonomía electoral.
En la reforma se estableció que ningún funcionario del INE, de organismos públicos locales electorales o de los tribunales electorales puede percibir un sueldo superior al de la presidenta de la República. El punto dice que consejeras, magistradas, titulares y altos funcionarios de estas instituciones públicas están sujetos a lo que se establece en el artículo 134 de la Constitución.
Se estipuló que los ahorros presupuestales resultantes de la reducción que planteó el Plan B servirían exclusivamente para obras públicas. Tanto el INE como los otros organismos estatales electorales deberán realizar revisiones normativas y presupuestarias inmediatas para que se cumpla con el nuevo mandato presidencial.
¿Qué otros cambios traerá en materia electoral?
La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum planteó hacer cambios desde el mecanismo de revocación de mandato hasta los límites salariales de funcionarios electorales; por lo que tendrá impacto directo no solo en el INE, sino también en la asignación de recursos públicos, regidurías municipales y en las funciones del Senado de la República.
Uno de los puntos más controversiales entre los partidos de la oposición fueron los cambios a la figura de revocación de mandato, los cuales no fueron aprobados. El mecanismo puede realizarse los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo electo. El Plan B planteó que la revocación de mandato pudiera llevarse a cabo durante el segundo o el tercer año de gestión.
En lo que la mayoría de figuras políticas de la oposición estuvieron en desacuerdo es en el punto en que se estipuló que los políticos sujetos al mecanismo podrían promover el voto a su favor durante el proceso, siempre y cuando no se utilicen recursos públicos en la campaña de recabación de firmas, contratación de propaganda o tiempos oficiales para publicidad sobre su permanencia en el cargo. Sin embargo, estos cambios no fueron aprobados, pues la oposición argumentó que debía salvaguardarse la naturaleza democrática del mecanismo.
Por otro lado, la iniciativa planteó una modificación para reducir las regidurías a un rango entre siete y quince; anteriormente no estaba estipulado un número máximo en la estructura de los cabildos municipales. Esta modificación se presentaría en el artículo 115.
Sobre el trámite de declaratoria de publicidad se estableció que el presupuesto anual de las legislaturas locales no debe exceder el 0.7% del presupuesto de egresos de cada entidad federativa. Esta cifra se aplicará desde que la reforma constitucional entre en vigor y se fijará la prohibición de autorización de incrementos presupuestales a partir del ejercicio fiscal de 2026.
Además, los recursos públicos que sean ahorrados debido a la reducción de presupuestos se integrarán al patrimonio de las haciendas municipales y deberán destinar este excedente a infraestructura pública en beneficio de la población.
El controversial “Plan B”
Entre la oposición, compuesta por el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MC), y los especialistas en políticas, se ha sostenido la idea de que la reforma busca debilitar la democracia y la capacidad técnica del INE, afectar la organización de elecciones y abrir espacios a posibles interferencias políticas.
A pesar de que en un inicio Movimiento Ciudadano estaba en contra de dicho plan, decidieron apoyarlo de último momento. En el edificio de San Lázaro se aprobó en lo particular la reforma con 343 votos a favor de Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista y algunos del opositor MC. Por otro lado, se registraron 124 votos en contra del PAN, PRI y MC.
El Plan B concluyó su proceso legislativo y se declaró como constitucional tras ser aprobado en 20 congresos locales, por lo que su entrada en vigor está sujeta únicamente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.