Derek Maltz Sr., exdirector de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, realizó una publicación en su red social sobre los diez funcionarios públicos de Sinaloa que fueron acusados de presuntos delitos relacionados con narcotráfico. Maltz respondió en apoyo a lo publicado por el embajador Ronald Johnson, quien señaló que México y Estados Unidos deberían combatir al crimen organizado en conjunto.
En la publicación incluyó una etiqueta hacia el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y dijo: “No puedo esperar a ver a los funcionarios corruptos enfrentar la justicia en Estados Unidos”.
Además, colocó un fotomontaje en el que se observa un avión de la Fuerza Aérea Mexicana llegando a territorio estadounidense. En la parte superior tiene la leyenda “Bienvenidos a América” (Welcome to America), seguida de la bandera de Estados Unidos y el escudo de la Oficina del Fiscal. No obstante, lo que más destacó de la imagen fueron las fotografías de los diez funcionarios imputados, encabezados por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
La publicación de Maltz fue en respuesta a lo dicho por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. En días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum dio un discurso sobre la soberanía nacional y afirmó que, en la lucha contra el crimen organizado, la administración de Donald Trump no debe intervenir.
A las declaraciones de Sheinbaum, Johnson contestó que la lucha contra los cárteles dedicados al tráfico de drogas debería ser una lucha conjunta entre ambos países. Reiteró que “debería unirnos, no dividirnos”.
Además, resaltó que las personas que viven en las fronteras, tanto de México como de Estados Unidos, quieren vivir seguras y en paz. Explicó que merecen vivir libres de intimidaciones, corrupción y miedo de los grupos del crimen organizado. Por último, destacó que convertir el combate al narcotráfico en una disputa política es una oportunidad perdida para fortalecer la colaboración entre gobiernos.
En contexto, el 29 de abril del presente año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió diez solicitudes de órdenes de aprehensión con fines de extradición contra diez funcionarios morenistas de Sinaloa, derivado de su presunta vinculación con una red de narcotráfico relacionada con la facción de “Los Chapitos”.
De acuerdo con la información de la autoridad estadounidense, los funcionarios abusaron de su poder para actuar en beneficio del grupo delictivo encabezado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, permitiendo que estos pudieran operar con completa impunidad en la entidad federativa y lograran importar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos.
Las autoridades del país vecino han insistido en que la administración de Claudia Sheinbaum debe cooperar para entregar a los diez funcionarios, entre los que se encuentran Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el presidente municipal con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil.
A pesar de la insistencia del gobierno de Donald Trump, las autoridades mexicanas han asegurado que acatar las órdenes de Estados Unidos sería una falta a la soberanía nacional y podría considerarse como injerencia extranjera.