Tras ser imputado por autoridades estadounidenses por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, el senador morenista Enrique Inzunza no será convocado a las sesiones de la Comisión Permanente de la Cámara Alta durante el receso legislativo, para no provocar “shows mediáticos”. Sin embargo, seguirá recibiendo su dieta mensual y apoyos económicos sin falta, a pesar de tener bloqueadas sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Fue el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, quien confirmó que el senador sinaloense cobrará sus percepciones económicas de manera íntegra, a pesar de su inasistencia consecutiva al Senado de la República.
Debido a los bloqueos de sus cuentas bancarias, el morenista no recibe su dieta mensual a través de transferencias bancarias como los demás senadores. A Inzunza, la Cámara Alta le ha tenido que pagar mediante cheque, el cual el senador debe recoger personalmente o designar a un representante para realizar el trámite correspondiente.
Mier declaró que esta medida se tomó debido a una obligación legal del Senado, en la que tienen que cubrir las percepciones económicas de Inzunza mientras no exista una orden judicial por parte de las autoridades mexicanas en la que se declare lo contrario.
Además, Mier explicó que la decisión de no convocar al legislador morenista a la Comisión Permanente se tomó el pasado 8 de junio, con el fin de “no convertir el Senado en un circo”. Dicha medida actúa con inteligencia y prudencia, para privilegiar la discusión y el debate legislativo, en lugar de darle prioridad al “show mediático”.
El periodo de receso legislativo concluirá hasta agosto y, durante todo ese tiempo, Inzunza no será convocado a la Comisión Permanente. Mier destacó que esta medida no se tomó como una sanción formal ni representa la pérdida de sus derechos políticos o legislativos, pues Inzunza deberá regresar a su curul en el Senado el 1 de septiembre, cuando inicie el periodo ordinario.
En contexto, el pasado 29 de abril el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicas las acusaciones contra diez funcionarios públicos de Sinaloa, entre ellos Enrique Inzunza, debido a sus vínculos con una red de narcotráfico ligada a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. La autoridad estadounidense advirtió que los funcionarios presuntamente abusaron de su poder para dejar que el grupo del crimen organizado actuara con impunidad en el estado.
A diferencia de otros funcionarios imputados, Inzunza reiteró que no pediría licencia para separarse de su cargo mientras se lleva a cabo su proceso en este caso. Sin embargo, desde que se dieron a conocer las acusaciones no se ha presentado a la Cámara Alta. Debido a este caso, el senador Enrique Inzunza fue citado a comparecer ante la Fiscalía General de la República el pasado 26 de mayo, en calidad de testigo.
Otros de los acusados por el DOJ son: el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el expresidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.