Luego de resultar procedente la medida cautelar solicitada por la Secretaría de Cultura y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para garantizar el libre acceso peatonal a la Procesión del Silencio, se procedió al retiro por orden judicial de los manifestantes del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado (SITTGE) que estaban apostados en plaza de Armas desde hace algunas semanas.
El ordenamiento del juez de control se refiere a la restitución del libre tránsito peatonal en las calles de 5 de mayo con continuidad en Jardín Hidalgo y la intercesión con la calle en Francisco I. Madero, en el Centro Histórico.
Dicha medida se solicitó por los funcionarios estatales referidos para, en primera instancia, no dañar o perjudicar a terceros afectados en su libre tránsito, ya que los integrantes del SITTGE mantenían su manifestación, obstaculizando el libre paso.
En segunda instancia, se protege la realización de la Procesión del Silencio, que es considerada patrimonio cultural desde el año 2013 para las y los potosinos; con ello, se garantiza el derecho humano al libre tránsito y el acceso a la cultura de quienes cada año asisten a este importante evento que incluso es reconocido a nivel internacional, pues es considerada como la segunda más importante del mundo.
La Secretaría General de Gobierno (SGG), a través del subsecretario de derechos humanos y asuntos jurídicos, Ángel Gonzalo Santiago Hernández dijo que al resultar procedente la medida cautelar solicitada por los secretarios de cultura y seguridad pública, se permitirá el libre desarrollo de la procesión del silencio, pues el planton que mantenían los integrantes del SITTGE obstruía la ruta procesional.
“El derecho humano de acceso a la cultura y libre tránsito fueron ponderados por el juez de control para otorgar la medida judicial, sobre todo porque la Procesión del Silencio es parte del patrimonio cultural de las y los potosinos, y así fue analizado y determinado por el juez”.
El ordenamiento judicial fue llevado de forma pacífica con la presencia de observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
