Una mujer identificada como D.A.M.A. denunció públicamente haber sido víctima de violación por parte de Juan José Olivas, militante y consejero político de Morena en Naucalpan, Estado de México, a quien acusa de haberla agredido sexualmente en oficinas ubicadas en Ciudad Satélite y de haber utilizado su influencia política y económica para fabricarle delitos, encarcelarla injustamente y someterla a un prolongado proceso de hostigamiento judicial y penitenciario.
El caso, que se ha extendido por más de un año, volvió a cobrar relevancia tras la difusión de un video en el que la víctima narra los hechos y expone las consecuencias que ha enfrentado desde que decidió denunciar. En su testimonio, D.A.M.A. relató que fue víctima de amenazas constantes por parte de su agresor, quien le advirtió que, si lo denunciaba, terminaría en prisión. “Me humillaba. Me decía que si yo me atrevía a denunciarlo, iba a dormir en la cárcel… y así fue” expresó.
La mujer aseguró que no fue la única víctima y que tuvo conocimiento de otras jóvenes que le tenían miedo al presunto agresor, a quien acusó de intentar tocar a varias de ellas. “No solo fue a mí. Fueron otras niñas también las que le tenían terror y me enteré que también las quería tocar. Incluso a una tenía que ir a quitarla de ahí. La niñita de 23 años, para que no pasara lo mismo que yo estaba pasando” señaló.
De acuerdo con su relato, el 4 de julio de 2022 presentó formalmente la denuncia por abuso sexual y violación ante las autoridades, sometiéndose a peritajes y exámenes médicos que arrojaron 48 afectaciones de un total de 50, lo que llevó a que el delito fuera clasificado como abuso sexual y violación. Sin embargo, el 29 de septiembre del mismo año fue detenida sin explicación clara y sin derecho a realizar llamadas, quedando recluida en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla.
Inicialmente se le imputó el delito de extorsión, lo que derivó en su vinculación a proceso y en una reclusión que se prolongó cerca de 11 meses. Posteriormente, se le sumó una acusación más por robo a casa habitación, la cual, según su defensa, fue sustentada con testimonios de familiares del presunto agresor.
Durante su estancia en prisión, D.A.M.A. denunció haber sido víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte de otras internas, presuntamente pagadas por Juan José Olivas. Afirmó que las agresoras le confesaron que recibían 5 mil pesos por hostigarla y hasta 20 mil pesos por desfigurarle el rostro, con el objetivo de quebrarla emocionalmente y forzarla a desistir de su denuncia.
Durante el tiempo que permaneció presa, se registraron manifestaciones y bloqueos viales en Naucalpan, particularmente en Periférico Norte, donde colectivos feministas exigieron su liberación y justicia.
La defensa legal de D.A.M.A., encabezada por la abogada Ana Katiria Suárez, ha señalado que existen otras posibles víctimas del mismo agresor, algunas de las cuales se han acercado para denunciar hechos similares. Asimismo, ha denunciado irregularidades en la integración de las carpetas de investigación en contra de su defendida y ha advertido un uso sistemático del aparato judicial para silenciarla.
D.A.M.A. recuperó su libertad el 31 de agosto de 2023, sin embargo, permanece bajo medidas cautelares que incluyen el uso de un brazalete electrónico, lo que le impide salir de su domicilio, situación que se ha prolongado por más de 17 meses. La víctima considera que estas restricciones continúan limitando gravemente su vida personal, laboral y emocional.
En su mensaje, cuestionó directamente la permanencia del presunto agresor en la vida política. “¿Cómo un violador va a ocupar un cargo político?” dijo, al tiempo que lo responsabilizó de cualquier daño que pudiera sufrir ella o su familia. Añadió que el caso no recibió el respaldo institucional que debía y que, por el contrario, enfrentó un sistema que la castigó por atreverse a denunciar.
Por su parte, Juan José Olivas ha negado públicamente las acusaciones y ha sostenido que las denuncias en su contra forman parte de un conflicto de carácter personal, económico y político. Incluso ha solicitado derecho de réplica en diversos espacios mediáticos y ha señalado que existe un acuerdo de no ejercicio de la acción penal a su favor. No obstante, las carpetas de investigación y los testimonios de la víctima continúan abiertos en el ámbito judicial.
