En medio de las tensiones que provocó el regreso de Rubén Rocha Moya y su posterior solicitud de licencia de su gubernatura, así como la ruptura con Morena del Senador Enrique Inzunza, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa descartó destituir de su cargo al vicefiscal general Dámaso Castro Zaavedra. Los tres funcionarios enfrentan cargos en Estados Unidos por presuntos nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Claudia Zulema Sánchez Kondo, fiscal del estado, confirma que Saavedra permanece con licencia sin goce de sueldo, el cual vence en noviembre de 2026. Declaró que la única forma de adelantar su salida definitiva de la institución es que él mismo presente una renuncia voluntaria.
“Es una licencia por ley que son seis meses y se concluye en el mes de noviembre. Si se concluye y él no regresa, lo que procede legalmente es la renuncia”, mencionó Sánche Kondo durante un encuentro en Culiacán con medios de comunicación.
Además, sobre la acusación que enfrenta en Estados Unidos, la fiscal señaló que la dependencia no cuenta con información oficial que confirme que la investigación de la Fiscalía General de la República ya haya concluido. Agregó que desconoce cuál es el paradero actual de Castro Zaavedra, quien compareció en mayo ante la autoridad federal.
El cargo que ocupaba Castro Zaavedra, desde octubre de 2021, actualmente es ocupado por José Roberto Quiñonez Coronado, quien designado el 5 de mayo de 2026, después de que el imputado por Estados Unidos presentó su solicitud de licencia para separarse de sus funciones de manera temporal.
En contexto, Castro Zaavedra fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntamente pertenecer a una red vinculada a la facción liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera del Cártel de Sinaloa. Al funcionario también se le relacionó con delitos por ´presunta asociación delictuosa para importar narcóticos y posesión de ametralladoras, así como dispositivos destructivos.
En estas acusaciones también están relacionados otros nueve funcionarios de Sinaloa morenistas, incluyendo al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza. La autoridad estadounidense argumentó que el grupo de servidores públicos presuntamente abusó de sus cargos para actuar en beneficio del grupo criminal.