El gobierno federal ha reconocido que, ante la pandemia de Coronvirus, el crimen organizado ha impuesto toque de queda, de igual manera ha lanzado amenazas al personal de salud en seis localidades de Sinaloa, Guerrero, Veracruz y Nayarit.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, en el documento ‘Observaciones sobre violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la contingencia sanitaria de Covid-19’ se dio a conocer esta medida en donde también se habla de arrestos y sanciones en 15 estados.
En Iguala Guerrero el toque de queda se implementó del 19 al 25 de abril. En Petatlán, las amenazas de los médicos se dieron del 3 al 9 de mayo.
El cártel de Sinaloa aplicó el toque de queda en Culiacán y los Mochis del 12 al 18 de abril y del 19 al 25 de abril, respectivamente.
En Tuxpan, Veracruz, el Grupo Sombra aplicó el toque de queda del 26 de abril al 2 de mayo.
El Cártel Jalisco Nueva Generación cobró impuestos en Santiago Ixcuintla, Nayarit.
Asimismo, se informa que en los meses de marzo a mayo fueron implementadas 53 medidas extraordinarias que incluyen arresto por las autoridades estatales y municipales, así como 71 medidas de sanción con multas.
Ante esto se señala que dichas medidas no son un medio efectivo para disminuir el número de contagios, pues no existe alguna relación entre estas y los casos confirmados de Covid-19.
De estas acciones, resultan particularmente preocupantes aquellas que posibilitan el arresto administrativo, pues no sólo son las que restringen de manera más importante los derechos humanos, sino que resultan contraproducentes al generar potencialmente concentraciones de personas en reclusión que pueden facilitar la propagación del virus SARS-CoV2. Además, pueden llevar a la comisión de abusos de autoridad que suelen afectar desproporcionadamente a personas en situación de calle, personas indígenas y afromexicanas, personas de tez oscura y aquellas en situación de pobreza”, menciona el informe de la subsecretaría.
De igual manera se señala que entre abril y mayo se realizaron 54 toques de queda a nivel municipal de manera oficial, por lo que esto, además de ser visto como un abuso de autoridad puede facilitar las operaciones del crimen organizado en cuanto a castigos y filtros sanitarios.
En el contexto de la emergencia sanitaria la salvaguarda de los #derechos es más importante que nunca.
— CONAPO - Consejo Nacional de Población (@CONAPO_mx) July 2, 2020
Conoce las Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la Contingencia Sanitaria por COVID-19: https://t.co/iUEkYCtaG7 pic.twitter.com/yRWPs9R1J6
