De acuerdo con Animal Político, Isabel Porras Odriozola, titular del Tribunal, indicó que las pruebas ofrecidas por la entonces Procuraduría General de la República, señalaron que Javier Duarte fue partícipe en un entramado criminal que a través de empresas fantasma y prestanombres logró desviar recursos del erario, por lo que se ratificó la condena impuesta desde el 2018.
“La sentencia se funda en los hechos y las pruebas aceptadas por el acusado (Javier Duarte)… Es inadmisible que en la apelación se analicen aspectos que ya fueron previamente convenidos y expresamente aceptados ante un juez de control, en cuanto al delito y la responsabilidad. Lo único exigible ante el juez y luego ante el tribunal, es que los datos de prueba sean suficientes e idóneos”, indicó la magistrada.
La magistrada revocó el decomiso de más de 40 propiedades supuestamente ligadas a Javier Duarte, señalando que son bienes de otros procesados que aún no reciben condena.
La resolución del Tribunal federal es resultado de una apelación que el inculpado promovió en contra de la sentencia condenatoria que se le dictó desde el 26 de septiembre de 2018. Duarte tuvo que recurrir a un amparo donde se les permitiera solicitar la revisión del procedimiento, por lo que se alargó a más de un año.
Javier Duarte se había declarado culpable renunciando a su derecho de defenderse en un juicio, por lo que consiguió que se le dictara la pena mínima así como el retiro del delito de delincuencia organizada.
