Ante el insistente rechazo del Gobierno mexicano sobre el informe emitido por el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (ONU) acerca de la crisis de personas desaparecidas en México, Juan Pablo Albán, miembro y actual presidente de dicho comité, desmintió los argumentos con los que diversos servidores públicos pertenecientes a Morena intentaron minimizar esta problemática en el país.
Después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México e incluso la presidenta Claudia Sheinbaum se posicionaron en contra del documento en el que se detalló que las desapariciones en el país contenían características de crímenes de lesa humanidad, también la dirigente del partido Morena, Luisa Alcalde Luján, salió a expresar su inconformidad sobre lo dicho por el Comité.
Como sus colegas de partido, mencionó que “... nunca en la historia de este país se había tenido un compromiso tan firme con la búsqueda y localización de personas…”. Argumentó que dicho artículo no fue publicado por la ONU, sino por un grupo de expertos en el tema que trabaja para la organización. Además, agregó que el estudio está limitado a datos del periodo de 2009 a 2017 y sólo se consideran los datos de cuatro estados de la república mexicana.
Sobre la cifra de 132 mil personas desaparecidas que ha dado a conocer el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), Alcalde Luján puntualizó que, debido a faltas de rigor en la plataforma, 36 % de los registros no se encuentran vinculados a una persona; la dirigente los señaló como “registros incorrectos”. Por otro lado, 40 mil 308 de los registros que fueron vinculados a una CURP se encontró que cuentan con actividades posteriores a su desaparición, lo que presume que las personas continúan con vida. El tercer grupo de 43 mil 128 personas se trata de personas que han sido asociadas a un CURP y de las que no se tiene conocimiento de información después de su desaparición.
Luisa Alcalde mencionó que publicó el video sobre este tema debido a la supuesta información falsa a raíz del informe del Comité. Argumentó que el Gobierno actual trabaja de manera “intensa y permanente” sobre la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
Debido a los continuos mensajes de rechazo del informe, Juan Pablo Albán, presidente del Comité, publicó un mensaje en X para aclarar los puntos que intentaban desprestigiar el documento. Como primer punto, señaló que el Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas sí pertenece a la ONU.
El Comité pertenece a los denominados Órganos de Tratados, que fueron creados en virtud de derechos humanos y son integrados por expertos independientes que recibieron un mandato para supervisar la aplicación de tratados internacionales en cuanto a este tipo de derechos. En la información sobre los órganos de tratados se explican las funciones que tienen; entre ellas: examinar informes de los Estados parte de la ONU, considerar denuncias individuales, realizar investigaciones y adoptar observaciones generales. El presidente del Comité puntualizó que los miembros de dichos órganos son elegidos por los propios Estados parte.
Además, explicó que en el artículo 34 está estipulado que, si el Comité recibe información que contiene indicios de que la desaparición forzada es de carácter generalizado o sistemático, puede llevar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la cuestión con carácter urgente.
Albán evidenció que la decisión tomada por el Comité sí considera la situación actual del país en cuanto a desapariciones forzadas. Señaló que se consideró el registro de 132,400 personas desaparecidas para el 19 de febrero de 2026. Indicó que existe un constante aumento de los casos y que no se vislumbra una tendencia de que la cifra haya disminuido. Calificó esta cifra como un indicio de la magnitud del problema en México.
Por último, el presidente del Comité puntualizó que el asunto de la desaparición forzada de personas no debería politizarse; sin embargo, las diferencias jurídicas son comprensibles en el marco de diálogo internacional. Recalcó que es primordial que se preserve el respeto institucional hacia los órganos de supervisión de derechos humanos, pues los objetivos comunes deben seguir siendo la prevención de desapariciones, la búsqueda de personas desaparecidas, la investigación de los casos y la erradicación del fenómeno.