La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos, publicó el informe “Desaparición de personas en México”, en el que advierte que el país enfrenta una grave crisis humanitaria relacionada con las desapariciones y la identificación de cuerpos bajo resguardo del Estado mexicano.
El documento analiza las políticas implementadas desde 2018 para atender este fenómeno y concluye que las desapariciones en México son un delito “generalizado”, vinculado en gran medida con la operación del crimen organizado y, en distintos contextos, con posibles actos de colaboración o participación de agentes estatales.
La CIDH señala que, con base en datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta febrero de 2026 existen más de 128 mil personas desaparecidas o no localizadas en México. De esa cifra, 18 mil 192 corresponden a menores de edad. Además, estimaciones independientes citadas en el informe sostienen que más de 70 mil cuerpos permanecen sin identificar en servicios forenses y otras instalaciones bajo custodia estatal.
El informe sostiene que las víctimas pertenecen a múltiples sectores de la población y que el fenómeno afecta de forma diferenciada a niñas, niños y adolescentes reclutados por organizaciones criminales; mujeres y niñas víctimas de violencia de género y trata con fines de explotación sexual; migrantes sometidos a explotación laboral o sexual; personas perseguidas por su orientación sexual o identidad de género; así como periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
Uno de los puntos más alarmantes expuestos por la Comisión Interamericana es el reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado. El organismo documentó testimonios y evidencia sobre adolescentes utilizados como combatientes, mensajeros, vigilantes o en actividades relacionadas con la producción y distribución de drogas.
De acuerdo con el Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México, esta práctica tiene una mayor presencia en al menos 18 estados del país. Entre las entidades señaladas se encuentran Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Sonora, particularmente en municipios como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, León, Celaya, Guadalajara, Zapopan, Hermosillo y Cajeme.
La CIDH advierte que, aunque en algunos casos el reclutamiento aparenta ser voluntario, en realidad suele estar relacionado con contextos de pobreza, violencia intrafamiliar, exclusión social, amenazas y falta de oportunidades. El organismo internacional considera que estas condiciones son aprovechadas por grupos criminales para captar menores y jóvenes en regiones donde mantienen control territorial.
El informe también señala que existe una profunda desconfianza de las familias hacia las fiscalías y ministerios públicos. Según la Comisión, esta situación deriva de la falta de resultados en las investigaciones, la impunidad y la práctica recurrente de trasladar a las propias familias la responsabilidad de realizar búsquedas o recopilar pruebas.
La CIDH sostiene que el nivel de impunidad en los casos de desaparición forzada continúa siendo extremadamente alto. Estudios citados en el documento indican que la impunidad alcanza hasta el 99.5 por ciento en este tipo de delitos. Además, el organismo internacional alertó sobre deficiencias en los servicios forenses, problemas de coordinación entre autoridades y limitaciones institucionales para identificar cuerpos y avanzar en las investigaciones.
El reporte reconoce algunos avances legales e institucionales implementados en México en los últimos años, como la creación de mecanismos de búsqueda, fiscalías especializadas y protocolos nacionales. Sin embargo, concluye que las acciones del Estado siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de la crisis.
La publicación del informe ocurre en medio de una creciente presión internacional sobre México por la crisis de desapariciones. En semanas recientes, organismos internacionales y colectivos de búsqueda han insistido en la necesidad de fortalecer las investigaciones, mejorar los sistemas forenses y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.
