La violencia volvió a sacudir a México tras confirmarse el asesinato de una pareja de comerciantes originarios de Michoacán quienes fueron privados de la libertad y posteriormente hallados calcinados en el estado de Guanajuato, en un crimen que ha generado profunda indignación y que recuerda, por su brutalidad, el reciente caso de la familia de intérpretes de lengua de señas asesinada semanas atrás.
Las víctimas, Damaris Contreras Cervantes y Raúl Lara Lemus, eran propietarios de una paletería y nevería en el municipio de Puruándiro, Michoacán. De acuerdo con las investigaciones, la noche del 3 de enero, un grupo armado irrumpió en su domicilio y se los llevó por la fuerza, dejando solo a su hijo de aproximadamente 2 años de edad, quien fue resguardado posteriormente por vecinos y familiares.
Días después, autoridades localizaron dos cuerpos calcinados en territorio guanajuatense, los cuales fueron identificados mediante pruebas de ADN por las fiscalías de ambos estados. Hasta el momento no se reportan personas detenidas, mientras que las líneas de investigación permanecen abiertas.
El caso ha despertado especial atención debido a su similitud con el asesinato de una familia de intérpretes de lengua de señas, cuyos integrantes también fueron reportados como desaparecidos y posteriormente encontrados sin vida y calcinados en Michoacán. En ambos hechos se repite un patrón alarmante: privación ilegal de la libertad, violencia extrema y abandono de los cuerpos tras ser incendiados, lo que ha encendido las alertas de las autoridades.
Aunque en el caso de la familia de intérpretes la Fiscalía estatal señaló que la causa habría sido una disputa de carácter familiar, en el asesinato de la pareja de comerciantes no se ha descartado la posible participación del crimen organizado, particularmente por el contexto regional y el tipo de violencia ejercida. La extorsión y el cobro de “derecho de piso” a pequeños negocios son hipótesis que forman parte de la investigación.
Ambos casos han puesto nuevamente sobre la mesa la vulnerabilidad de familias y comerciantes en zonas marcadas por la violencia, así como la exigencia social de justicia ante crímenes que, por su crueldad, han dejado una profunda huella en la opinión pública.
